Corte Penal Internacional (CPI): ¿Una estafa? y de dimensiones planetarias (I)

Hipótesis que bien se podría construir sobre eventos criminales 2002/18 en Venezuela

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 15/02/18

@rarmuz

  • “La principal cuestión, la única decisiva para el futuro, es contar con los medios políticos, sociales e individuales, para aplicar los principios y transformar los derechos humanos en una realidad cotidiana”

Federico Mayor Zaragoza[i]

Resumen

El “Camino de Roma”, partió de 1872, pasó por 1919, 1948, 1950 con borrador de la Comisión de Derecho Internacional, a junio de 1989 y a 1995 con el Proyecto de Estatuto, consolidado en las 6 ulteriores sesiones del Comité Preparatorio de la ONU, en Naciones Unidas Nueva York, para llegar a la Conferencia de Roma (15–17/07/1998) y concluyen en 5 semanas de discusiones con 120 naciones votando a favor de la adopción del Estatuto de Roma de la CPI y el 11/04/2002 logra la ratificación de 60 para entrar en pleno vigor el 01/07/2002.

Tomemos lo medular de la declaración final de Pierre Sané en aquella Conferencia Diplomática del 16/07/1998: “… El objetivo final de una comunidad internacional empeñada en acabar con la impunidad ha de ser la jurisdicción universal. Nos esforzaremos por conseguir que esta Corte responda al clamor de todas las víctimas, dondequiera que se encuentren…”

Y allí comienza la falsedad puesto que sólo un Estado Parte, el Consejo de Seguridad y de oficio el Fiscal, pueden activar la CPI, puesto que las víctimas, quedan excluidas como iniciadores de sus acciones.

Basta entonces a un Estado criminal, controlar las relaciones con los otros Estados Parte; le basta aliarse a los intereses de uno de los integrantes del Consejo de Seguridad con su derecho a veto y le basta controlar la voluntad del Fiscal, para garantizar su total impunidad.

Salvo que los resultados se midan por las ofertas y no por los resultados, en el caso de la relación de la Corte Penal Internacional con el primer país latinoamericano en entregar el documento de ratificación, Venezuela, siguen firmes las ofertas de la CPI pero no los resultados puesto que tomados ambos para medirlos, sólo se podría hablar de un fraude.

Más aún promotora de la Jurisdicción Universal, ha operado, opera en el núcleo y en la periferia de esa relación, toda una estructura funcional, en los hechos, destinada a mantener esas garantías de impunidad para los responsables mediatos e inmediatos de las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y de guerra que se han ejecutado y se siguen ejecutando a partir del año 1999 en Venezuela. Ese es el tema a tratar.

Introducción

En una eventual controversia Venezuela versus CPI, derivada del tratamiento sobre diligencias incoadas por venezolanos por ante esa Corte Penal Internacional, no tenemos a mano documento oficial alguno que nos permita profundizar en su intríngulis los hechos y circunstancias particulares a sus momentos, menos la información detallada sobre las decisiones o requerimientos ulteriores a las recepciones en sede CPI y en cada una de las veintidós denuncias que fueron, según se conoce, introducidas por ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cita en La Haya, por algunas víctimas, personas interesadas y/o sus representantes legales.

Hechos

Lo que si tenemos a mano y es público, notorio sin que hayan sido desmentidas, son las informaciones nacionales e internacionales difundidas por medios de comunicación independientes; y esos son los incontrovertibles hechos.

Hecho uno

Ninguna de las veintidós gestiones por ante la CPI, contentivas de los testimoniales, argumentaciones y algunos elementos preliminares convincentes de la comisión de delitos y violaciones de Derechos Humanos, propios al ámbito de esa jurisdicción, actas y diligencias visadas o no por profesionales del Derecho, fueron admitidas.

Ninguna de esas veintidós  denuncias ha sido validada, se le ha dado curso o ha estado sujeta a la conducta estatuida por las Normas y Procedimientos del Estatuto de Roma y su órgano ejecutor CPI, en el “… primer tribunal internacional de carácter permanente…” y “… jurisdicción independiente…” con su “… paso histórico hacia la universalización de los derechos humano…”[ii] por tanto, ninguna de las creadas y tan difundidas expectativas en la opinión pública nacional e internacional, ninguno de los efectos previstos y esperados por las víctimas, los interesados y por sus bogados, en esas individualizadas gestiones por ante la CPI, tuvo efecto alguno.

En otros términos, esas veintidós diligencias, salvo que opinión técnica en contrario eventualmente certificare la posibilidad de sus reactivaciones, en su totalidad han quedado anuladas; y si son nulas en Derecho ¿también lo serán en los hechos y éstos no existen?

Hecho dos

Lo que sí, pareciera, tenemos a mano desde esta limitada óptica policial, válida salvo prueba en contrario, son los múltiples y no desmentidos elementos de información, que llevan a una convicción:

En el específico caso Venezuela, todo el funcionamiento de las demandas por crímenes y la violación de los derechos humanos en sede de la tan famosa y publicitada Corte Penal Internacional cita en La Haya, ha estado, está condicionado y al parecer bien sujeto, a las manipulaciones mediáticas de la mejor pensada, las más técnicamente organizada y posicionada estructura funcional del Crimen Organizado, destinada a un ya, sobre los hechos en Venezuela, probado resultado: las garantías de impunidad a los capitostes de ese crimen organizado nacional e internacional y para una caterva de operadores en las más altas posiciones de preparación y de toma de decisiones en el régimen que gobierna Venezuela a partir de 1.999.

Hecho tres

Lo que si tenemos a mano, son informaciones publicadas por los medios de los, pareciera, derivados de las conductas en el específico hacer y dejar de hacer profesional de seis reconocidos y experimentados ductores de una adoptada y mal llamada Justicia Penal Internacional: el español Baltasar Garzón Real, el francés Dominique de Vallepin, el argentino Luis Moreno Ocampo, la gambiana Fatou Bensouda Bom y de dos venezolanas, la hasta ahora titular de la Fiscalía General de la República Luisa Marvelia Ortega Díaz, alias “La China”, quien precipitadamente abandonara el cargo el 05/08/2017 y la sirio–líbano–venezolana Haifa El Aissami Madah, quien con residencia permanente en Holanda, ejerce dos cargos de representación diplomática, como Embajadora por ante los Países Bajos (GO 39.565 02/12/2010) y como Representante Permanente por ante la Corte Penal Internacional (GO 40.823 07/01/2016) de Nicolás y su pandilla de criminales, quienes ejercen de facto el poder absoluto en Venezuela.

Todos y todas, expresa y particularmente integrados y operando por años y en, pareciera, secreto contubernio, sobre el núcleo y en la periferia mediática de esta, que ya pinta como criminosa, relación de Venezuela con la CPI y en especial, en relación con estas, en comento, veintidós denuncias 2006/12; tratamiento que se ha extendido  recientemente a las ulteriores demandas de justicia a partir de julio de 2017, según fuera oficialmente especificado por Fatou Bensouda Bom, Fiscal de la CPI, sobre señalados o denunciados crímenes de distintas facturas y calificaciones y propios a la jurisdicción de la CPI; quedando en los hechos y en Derecho, anuladas todas las consideraciones sobre eventos de ese tenor eventualmente ocurridos entre los años 2007 y julio de 2017.

De citar una muy particular circunstancia: de los 120 originales firmantes que adoptaron el Protocolo de Roma el 17/07/1998 y los actuales 122 que lo han ratificado –34 africanos, 27 Latinoamericanos y del Caribe, 25 de Europa Occidental y otros, 18 de la región Asia–Pacífico y 18 de la Europa Oriental–, el único país que tiene oficialmente un Representante Permanente, reconocido por y operante dentro y en la periferia de las instalaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya, es Venezuela.

Hecho cuatro

Lo que si tenemos a la mano, son las oficiales cifras de eficiencia de la Corte Penal Internacional.

En 16 ininterrumpidos años, con un ejecutado presupuesto equivalente a 2.560 millones de dólares americanos financiados por los Estados miembros; con sus setecientas personas originarias de noventa países que trabajan para la Corte; con sus seis oficinas sobre el terreno: ha dictado cuatro sentencias[iii], veintiséis órdenes de arresto y actualmente se desarrollan ocho investigaciones y ocho exámenes preliminares; cinco casos están en fase judicial y dos en fase de apelación.

Para los crímenes y violaciones de los derechos humanos en el caso Venezuela, la posibilidad fáctica abierta, plantea que la realidad en esta cacareada Justicia Penal Internacional, tendrá que superar a la ficción para entrar raudo a transitar hacia la reedición de aquella escena del film “Los Intocables”, cuando apenas iniciada la audiencia contra el jefe del emergente Crimen Organizado Alphonse Capone, y por expresa confidencial gestión, presión y amenaza de revelar secretos del juez ejecutada sobre la marcha por el policía que investigó, buscó y acumuló las evidencias, el juez se viera obligado, para impedir el efecto de cosa juzgada con una discusión, votación y decisión en un ya seleccionado e instalado jurado, de una comprada decisión de inocencia; y ejecutivamente el juez hiciera un repentino cambió de todo el elenco del jurado para esa causa, con el de otra sala donde apenas se instalaba otra audiencia.

Una de dos:

  1. Todas y cada una de las víctimas e interesados denunciantes y todos y cada uno de los integrantes de los equipos de expertos en Derecho que les asesoraron y asistieron en esas veintidós diligencias:
    1. No se sujetaron a los términos pautados por el Estatuto de Roma, para que la CPI imponga la jurisdicción y asumiera las investigaciones y sus derivados en todas y cada una de las incoadas veintidós denuncias
    2. Todos, fueron absoluta y totalmente incapaces de sustentar con válidos alegatos y dentro de los parámetros “jurídicos” pautados, para tan siquiera optar por una revisión preliminar y menos aún, para una apertura de investigación sustentada en el Estatuto de Roma por los, en turno, juramentados juristas de la CPI, y llevar adelante sus pautadas ejecutorias.
  2. Factores totalmente ajenos o contarios a los términos pautados por el Estatuto de Roma y sus Normas y Procedimientos:
    1. Se impusieron y por sobre ellos, operaron con prioridad y en contra de los derechos de víctimas, interesados y abogados asistentes, hasta impedir la investigación, la apertura de una causa penal, un derivado juzgamiento de conductas en controvertidas audiencias de juicios formales y para el resarcimiento de daños a víctimas.
    2. Bloqueada la jurisdicción penal internacional, quedaría así, en hechos y Derecho, garantizada la impunidad absoluta por los crímenes de uno u otro género cometidos por uno u otro fueren los funcionarios de Estado en Venezuela, a partir de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma el 01/07/2002. Impunes éstos, impunes los que les precedieron y los que les sucederían en tiempo.

Dos ópticas que no se excluyen entre sí

Desde el marco referencial

Área para el tratamiento de los estudiosos de tan especializada materia, pero que no excluye la observación y la opinión empírica del ciudadano común a quien, no versado, le queda a tenor en sus evidenciados trascendentes detalles, la consulta y extractos de algunos especialistas y estudiosos.

Justo ahora y en este momento en que en su campaña mediática, la diplomada, no sabemos si doctorada de la Universidad de Carabobo, Luisa Marvelia Ortega Díaz, alias “La China”, Fiscal General de la República en el lapso 2007 a 2017, quien una y otra vez por ante medios de difusión en Colombia, España, Holanda, ha llenado titulares insistiendo en haber denunciado por ante la Corte Penal Internacional crímenes y violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela; machacando el asunto con perseverancia; ya en su alharaca está demandando la acción inmediata de la CPI y hasta propone operaciones policiales solicitando precisa y expresamente a la Interpol, que intercepte en el aire a Nicolás[iv].

Detalles:

Siendo Venezuela el primer país latinoamericano en depositar el documento de ratificación del Estatuto de Roma (07/06/2000), hoy en los hechos y ejecutorias de esa relación CPI/Venezuela en 16 años, contradicen lo afirmado en algún momento por la juez Elizabeth Odio Benito[v] (CPI 2003/12 y CIJ 2016), cuando hizo referencia a los tres objetivos claves de la CPI.

Precisaría la juez: “ética” en el respeto de los derechos humanos; “igualdad” consagrada y el reforzamiento de “la verdad, la justicia y la reparación” como los elementos esenciales e interrelacionados de la lucha contra la impunidad.

Ética, igualdad, verdad, justicia y reparación, cinco vocablos cuyos evidenciadas materialidades se palpan en las relaciones, conductas públicas y expresiones materiales, de quienes dentro y en la periferia de esta relación CPI Venezuela, sujeta a la observación del hombre de a pie, víctima o no, y que será justo, el tema para el cierre de la nota.

Una pertinente acotación

Comenta Héctor Olásolo[vi] “… El legado de atrocidades del siglo veinte muestra amargamente las deficiencias colectivas de las instituciones internacionales y el profundo fracaso de los Estados para cumplir con sus responsabilidades más básicas…”

Y quizás el más gráfico de los ejemplos para destacar la importancia de la acción preventiva de una operante CPI, se tenga a mano con la Masacre de Ruanda, “… donde desde 1991 los medios de comunicación sistemáticamente incitaron a la población Hutu a cometer actos de violencia contra la población Tutsi… donde durante dieciséis meses consecutivos, comenzando en 1993, más de medio millón de machetes fueron importados y distribuidos, junto con armas de fuego y granadas, bajo el disfraz de un pretendido programa de defensa nacional…”

O en la Camboya del genocida Saloth Sar ,“Pol Pot”, “… donde durante años la radio del régimen de los Jémeres Rojos solicitó a sus radio‐oyentes que ‘purificaran’ la población de Camboya …”

O en Sierra Leona, donde a partir de 1991, Charles Taylor activa, arma y dirige grupos paramilitares, niños soldados incluidos, para un programado saqueo de las zonas diamantíferas, que a la vez que financiaba el esfuerzo bélico y convertiría a su país Liberia en exportadora de diamantes que no se extraían en su territorio y sólo, en una acción internacional que nada tenía que ver con los derechos humanos y su defensa, ante la potencial caída de los precios de diamantes en el mercado internacional y a instancias privadas, es cuando se activan en mayo las reacciones y la Resolución de la ONU y la de noviembre de 2000 con la firma de los “Acuerdos Kimberley” en las genocidas operaciones de lo llamaron los “Diamantes de Sangre” y la declaratoria del fin de las hostilidades el 14/01/2002

“Intervención humanitaria”, citando esa doctrina, el estudioso Héctor Olásolo afirmaría:

  1. No ha sido capaz de ofrecer criterios precisos que permitan definir aquellas circunstancias que darían lugar al derecho de intervención armada
  2. No ha recibido un apoyo amplio
  3. Se limita a ofrecer un mecanismo de reacción frente a situaciones en las que ya se han cometido delitos atroces y dos opciones igualmente indeseables: (i) permanecer impasibles; y (ii) enviar unidades militares para proteger a la población amenazada

“… terminar con la impunidad como medio para promover: (i) la prevención general positiva consistente en garantizar la aplicación del derecho penal internacional y reforzar, de esta manera, los bienes jurídicos protegidos por el mismo; y (ii) la prevención general negativa resultante de transmitir a la clase dirigente mundial el mensaje de que aquellos que incurran en delitos atroces no quedarán impunes…”

Del Siglo XX al XXI: es “la intervención oportuna”

“… A diferencia de las instituciones judiciales ex post facto de los noventa, el mandato preventivo de la CPI tiene una segunda dimensión consistente en la intervención oportuna en situaciones en las que existan amenazas concretas de futuros delitos atroces, o en las que este tipo de delitos se están ya cometiendo…”

Pero no interviene en Venezuela la CPI, porque hasta ahora ningún Estado se ha sentido amenazado y ha solicitado su intervención, porque el Consejo de Seguridad de la ONU tampoco ha demandado esa intervención y por último, porque el Fiscal en turno, fuere el argentino Luis Moreno Ocampo (2003/12) lo fuere hoy la gambiana Fatou Bensouda (2012/21) por propia voluntad, no han iniciado investigación alguna.

¿Y qué tan exenta de control por parte interesada; de presiones, amenazas o manipulaciones de una u otra sea la parte contendiente en una eventual controvertida causa criminal, estuvo el primer Fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo (2003/12) y que tan exenta lo está su antigua segunda al mando –que preparó y conoció de primera mano sus decisiones sobre el caso Venezuela– y hoy ascendida a Fiscal, la gambiana Fatou Bensouda Bom (2012/21)?

En consecuencia, si bien las inmunidades en crímenes de guerra, genocidios y violaciones de los derechos humanos, en la teoría fueron desactivadas para estos crímenes competencia de la CPI, como observamos, la inoperatividad de esta Corte en el específico caso Venezuela ¿las habrán revalidado con la propia o inducida ausencia de voluntad de la Fiscalía?; cuando no, las habrán consolidado e incrementado, según se observa en los hechos.

La activación de la CPI

“… El Estatuto de Roma excluye a las víctimas como sujetos legitimados para dar inicio a la acción de tal modo que las mismas no pueden presentar directamente una denuncia a la Corte…”[vii]

El mecanismo estatuido para accionar la jurisdicción de la CPI, es restrictivo y múltiple, legitimado en una lista cerrada: el procedimiento sólo puede ser iniciado por a) un Estado Parte; b) por el Consejo de Seguridad de la ONU o c) por una investigación a voluntad del Fiscal.

Es decir “… el Fiscal, en defensa del interés de la justicia, puede iniciar de oficio la investigación… solicitando a la Sala de Cuestiones Preliminares una autorización para la abrir el procedimiento…”.

Pero “… el Fiscal no tiene un poder de iniciativa absoluto y autónomo, sino que sólo puede llamar la atención de la Corte sobre un asunto…”

La admisibilidad:

“… cuando el Estado que tiene jurisdicción sobre el caso no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento, o no pueda realmente hacerlo; o habiendo sido el asunto objeto de investigación por parte del Estado que tenga jurisdicción sobre él, el Estado haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, o no pueda realmente hacerlo…”

“… cuando un Estado incoa un procedimiento sólo aparente, para sustraer a la persona interesada de la persecución penal… cuándo se verifica una dilación procesal incompatible con una intención de persecución penal; y cuándo el proceso no se sustancia de manera independiente o imparcial… , la jurisdicción nacional será incapaz para la persecución penal, cuando, debido a su colapso total o esencial no consiga hacer comparecer al acusado o proporcionar los medios de prueba necesarios…”

Complementaridad:

“… CPI ha sido concebida como la última ratio sólo operativa cuando la jurisdicción penal del Estado interesado no ejerce las competencias…”

La CPI no sustituye la jurisdicción nacional sino impide “… la impunidad para los supuestos en que la inactividad de los Tribunales internos pueda tener tan grave consecuencia…”.

El Estatuto “… habilita a la Corte para que examine si un Estado tiene verdadera disposición a actuar en un caso concreto…”

Desde la óptica policial

Una suficientemente sustentada constatación, dejan casi sesenta años de lidiar con el crimen y los criminales, sean éstos comunes y no tan comunes; fuere ello dentro o fuera de fronteras; lo fuere en su actuar combinado sobre ambos espacios.

Esta vez de nuevo y concurrente tanto en el ámbito nacional como en el internacional, pero algo mucho más complejo, mucho más elaborado, desplegado y consolidado en el territorio, que aquellas ya olvidadas actividades del clan siciliano Cuntreras/Caruana en la Administración Luis Herrera Campins, con Rafael Andrés “Pepi” Montes de Oca Escalona y Luciano Valero en el Ministerio del Interior y Justicia.

Se puede sintetizar en una vieja expresión, a tenor, aplicada por los operadores de sus franquicias, sucursales, delegaciones y sus émulos, en el proceso de instalación, consolidación y desempeños en sus reclutamientos, forzado o no: el Crimen Organizado “… no da puntada sin dedal…”

Y en ese conocido minado y muy escabroso terreno, por sobre políticas, jueces, fiscales y policías, son los hechos los que se imponen arropando y paralizando el Derecho y bajo aquella premisa de cada vez más dinamizada actualidad en este mundo postmoderno: “Pluma o plomo”.

Así

Quizás la estructura funcional más importante, y la más rentable de todas para algunas organizaciones de la cúpula del Crimen Organizado, no sea aquella para la captura o creación de renta ilícita en cada especialidad criminal, sino la que tiene como actividad operacional, toda la infraestructura de contactos, enlaces, conexiones, relaciones, “topos”, instalaciones y controles fácticos, creados, financiados, controlados y mantenidos alrededor de todo lo que esté relacionado con el funcionamiento de la compleja maquinaria de Administración de Justicia; sea ésta nacional, y como ya vamos viendo, internacional.

Mario Puzzo en su novela de ficción “El Padrino”, dejó amplia y de forma didáctica evidenciada, cómo ha funcionado por centurias, esa muy costosa pero rentable a la vez, maquinaria garantista de la impunidad para la cúpula al mando de las especializadas múltiples estructuras de poder del Crimen Organizado.

Y de nada le sirve a un capitoste del Crimen Organizado, el eficiente desenvolvimiento del complejo industrial, nacional, trasnacional y multinacional para la captura, preservación y custodia de la renta, si ésta y éste están expuesto a que toda la infraestructura sobre la que asienta el poder, quede, por alguna razón, expuesta a los altibajos de la actividad regular o especial de la policía y, a su inevitable derivado, la investigación criminal, el juicio penal y la condena, con las muy potenciadas consecuencias en costos y pérdidas substanciales de la riqueza acumulada.

La única casi infalible garantía, no está ni la tiene el Crimen Organizado en la boca de las ametralladoras, fusiles y pistolas, ni en la potencia de sus explosivos o en la eficacia de sus equipos para el exterminio de oponentes, como lo fuera en el caso del fracasado “capo” Toto Riina con los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsalino en Sicilia; la garantía la tiene y la tendrá en manos de –es y será–, quien mantenga a raya cualesquiera sean las expresiones del poder del Estado y los desempeños de la impertinente y perturbadora maquinaria de justicia nacional e internacional

Si bien es cierto que en Venezuela, por décadas ha dejado de existir la Administración de Justicia porque sobre su estructura se instaló e instauró un operante sustituto para llenar apariencias, la Justicia Administrada; que desde Miraflores la usarían en sus momentos Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera; también es verdad que se constituyó en la más rentable y dúctil ventaja comparativa; es irrefutable el hecho de la justicia contaminada que afecta a los Estado débiles como Venezuela.

Por sobre aquella repetida práctica derivada de la Segunda Guerra Mundial de los Tribunales Penales Especiales Internacionales para esos países bajo indefinidos procesos de post conflicto y/o de guerra interna (Nüremberg, Tokio, Yugoslavia, Sierra Leona, Liberia, Bosnia), se discutió, puso en vigencia, fue firmado y ratificado por 121 Estados, el Estatuto de Roma, y entró en vigencia junto con su especializada jurisdicción, la Corte Penal Internacional el 01/07/2002.

También, como veremos, pareciera que, como queda evidenciado en el caso en comento, el largo brazo del Crimen Organizado, consiguió ya cómo articular su “marketing mix” de servicios “profesionales”, al extender y mantener sus garantías de impunidad en el caso Venezuela, y esto ya tiene años, con una sólida “Cabecera de Playa” en las mismas edificaciones y sede de la Corte Penal Internacional en La Haya.

¿Justicia internacional?

Queda en hechos constatado en el caso Venezuela, una estructura funcional de las potencialidades para la defensa de aquellos miembros del Crimen Organizado y/o sus asociadas fichas en el régimen de turno, además de acumular estudios y experiencia en su especialidad, una ilimitada versatilidad mediática, reúnen en su estructura funcional, los pertinentes lazos de relación profesional y personal, cuando no de percibido o secreto control de las posiciones claves en el mecanismo y proceso de aceptación, consideración, evaluación y canalización de causas penales por ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Tomemos entonces el caso Venezuela para un discernimiento empírico sobre esos dos hechos conocidos y, entonces, soportar: ¿cuán certera podría devenir la hipótesis con la que se titula esta nota?

Sobre dos evidenciados hechos

Por una parte, la estimulación de las víctimas y sus deudos, con las enormes expectativas edificadas, tanto por las mismas agencias internacionales como por los medios de comunicación y mantenidas insistentemente por formadores de opinión, sobre la idea de una justicia internacional que, superando e imponiéndose por sobre y contra esta parálisis total de la justicia nacional venezolana, investigue los graves crímenes del régimen, lleve a juicio a los responsables, abra las puertas a la recuperación de la mayor cantidad posible de riqueza robada, condene a severas penas a todos y cada uno de los criminales responsables, los capture y los deposite por años en centros reclusión carcelaria y resarza los daños a las víctimas.

Por la otra, la evidenciada activa presencia y acción en el núcleo y en la periferia de los potenciales equipos de expertos para la defensa de esos responsables de los crímenes en Venezuela en los últimos tres lustros, de conocidos personajes del mundo del Derecho, cuyos antecedentes profesionales, evidenciadas relaciones y conocidas actividades, son garantía casi absoluta de impunidad para los criminales que contraten sus servicios.

Ambos potenciados, defendidos con sus ilícitos casi ilimitados fondos financieros en custodia en paraísos fiscales y los potenciales defensores con sus experiencias y relaciones ejerciendo sus inalienables derechos, unos al proveerse de y pagar la mejor implementada defensa, los otros en proveerla, pero, el asunto está en que las víctimas y sus deudos, no cuentan ni contarán jamás con las capacidades, las relaciones equivalentes y los fondos financieros, como para que podamos ver en esas parodias de juicios que se instauren por ante esa instancia internacional, CPI, una justa, pertinente, necesaria e indispensable “ética” en el respeto de los Derechos Humanos, una inalienable operante “igualdad” en la controversia entre las partes en conflicto y un operante refuerzo tanto de la “verdad” como de la “justicia” en la “reparación” a las víctimas y deudos, a las cuales se refiriera aquella juez Elizabeth Odio Benito.

Y antes por el contrario, victimas, interesados y sus representantes, están expuestos a la consolidación definitiva de la impunidad de los criminales acusados, de producirse sentencias absolutorias definitivas, que darían peso de cosa juzgada a sus pretensiones

Citando la reprimenda de Julio César a su mujer Pompeya luego del affaire del enamorado Publio Clodio Pulcro: “No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo”.

Continua…

[i] “Los Derechos Humanos en el Siglo XXI Cincuenta ideas para su práctica” Federico Mayor Zaragoza, en su recopilación de textos, publicación UNESCO 1998 ISBN 92-3-203553-7

[ii] Tomado de la página oficial de la CPI a la fecha de publicación de esta nota  http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/CortePenalInternacional.aspx

[iii] Condenatorias contra Omar al Bashir 2009;Thomas Lubanga 2012;Jean-Pierre Bemba Gombo 2016;Ahmad Al Mahdi Al Faqui “Abu Turab” 2016

[iv] “… Pedí que se generara alerta roja de Interpol contra Nicolás Maduro, y sea detenido en Perú si es que va a la Cumbre de las Américas o donde vaya, ojalá lo puedan interceptar en el aire y detenerlo…” http://www.laverdad.com/politica/137826-exfiscal-pide-interceptar-en-el-aire-a-maduro-y-detenerlo.html

[v]  https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/784

[vi] https://aquiescencia.net/2010/11/16/la-funcion-de-la-corte-penal-internacional-en-la-prevencion-de-delitos-atroces-por-hector-olasolo/

[vii] Capítulo IV: La Jurisdicción Penal Internacional Permanente – la Corte … http://fci.uib.es/

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