60 años de matanzas de civiles desarmados

Garantizado absoluta total impunidad para los criminales inmediatos, y los mediato

 

 

Rafael Rivero Muñoz

                                                                                                                  Caracas, 30/12/17

@rarmuz

 

  • “… Una República si es que pueden mantenerla… no está en manos de unos pocos privilegiados… libres de la tiranía, mientras cada uno de nosotros recuerde su deber como ciudadanos…”

Benjamín Franklin

 

 

Diapositiva173

 

Sirva esa certera sentencia de uno de los redactores de la Constitución norteamericana, para abordar en la praxis, la quizás más contundente, indiscutible y determinante materialización tanto de la organización política como República, como de sus tres trascendentes y contundentes derivados: el derecho a la vida y la libertad individual, como los insustituibles derivados de una consistente acción ciudadana.

 

¿A cuál República de Venezuela podemos referirnos frente a los antecedentes de una comunidad humana de moradores, asentada en un territorio, con sus 26 subsecutivas Constituciones escritas pero, un lugar donde la vida humana no tiene valor alguno, hasta el punto de que, quienes están llamados a defenderla de peligros, de amenazas y de la acción criminal, los órganos civiles y militares de “Seguridad”, son los primeros y más activos ejecutores para el entrampado de ingenuidades, dentro y fuera del aparato del Estado, para la ejecución de las innumerables matanzas de civiles mediando articulado estado de absoluta indefensión.

 

Hoy gritan, berrean los “dirigentes” sobre los asesinatos de civiles en una tiranía en ejercicio y por manos de una caterva de criminales que tomaron y se enquistaron en el poder, pero:

 

¿Y es que –asumiendo la validez de la cita a Franklin–, en esta República de Venezuela, independiente de las circunstancias que en cada momento de su reciente historia de sesenta años nos topamos, no tanto con la negligencia criminal de su parlanchina dirigencia como con una mucho más trascendente inacción, la de sus ciudadanos; quienes no han ejercido, no ejercen hoy, ni ejercerán mañana con eficiencia, su principal deber como tales, en y para la preservación de sus propias vidas?

 

Abordaremos en una empírica praxis entonces y desde la muy limitada óptica policiaco–criminal: ¿el dónde están los venezolanos como comunidad humana con pretensiones de República, a sus 187 años de creación y que hoy, pese a esas alharacas de sus “dirigentes”, se observa contemplativa y postrada en lo que aún le queda del territorio original (916.445 km2) de la otrora Capitanía General de Venezuela (2.100.026 km2)?

 

Preliminar

 

Quede entendido que a la policía profesional en materia de seguridad pública, no le corresponde otra que mantener la atención para observar y evidenciar los hechos, las conductas individuales y/o colectivas que pudieren representar riesgos latentes, potenciales o reales, que pongan en peligro, perturben, dañen o destruyan los intereses del Estado, de la sociedad y los de los propios a las comunidades humanas asentadas o en tránsito y de las individualidades que las integran[i].

 

La más importante herramienta a la cual se deberá acudir la policía y de la cual se obtendrá los elementos de información será, el Archivo Criminal. La base de datos donde se soporta toda la tradición institucional, la información general y específica y el método para la ejecución de sus tareas como primera línea de defensa en seguridad pública.

 

Sólo que hoy, no existe el citado Archivo Criminal y mucho menos, existen los múltiples, variados, indubitables e indispensables registros oficiales que en su conjunto, formaban y conformaban la Memoria Oficial del país.

 

Comencemos por ese principio

 

Con una muy especializada proyección hacia las generaciones de relevo, una de las más determinantes maniobras que este pretendido socialismo del Siglo XXI instauró a partir de 1.999, fue la alteración, modificación, contaminación y hasta destrucción de la data; justo, para nublar y desmontar la memoria del país.

 

Y esa tarea pareciera, se planificó y se ejecutó por quienes se dicen venezolanos y comenzarían su criminal labor en el centro neurálgico, en el tallo, de toda la estructura de información en Venezuela: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)[ii].

 

¿Cómo administrar, ver y atender el mañana, de un hogar, de una empresa, de una dependencia, de una simple Alcaldía o del Estado mismo, sin cifras?

 

¿Cómo es que los estudiosos de la materia, los expertos estadígrafos y nadie se haya percatado de los objetivos y de los trascendentes efectos para las generaciones ulteriores, derivados de aquella designación de Elías Rafael Eljuri Abraham[iii] a la jefatura del INE y con la definitiva alteración, contaminación, modificación, invalidación o quizás destrucción de 130 años de data y de soportes para la información estadística?

 

Si no tenemos cifras confiables emanadas de las dependencias especializadas, para la administración del Estado: ¿cómo entonces pretender entender, comprender y atender, estos complejos problemas de la Seguridad Pública, con una radical ausencia de un Archivo Criminal?

 

¿Y a quiénes ha beneficiado, beneficia y beneficiará ese crimen?

 

Masacres

 

El término no aparece citado, menos aún ha sido tipificado como delito en códigos nacionales o internaciones y con su uso, sólo se resalta la muy particular circunstancia causal o casual, que determina el absoluto y total estado de indefensión en que se encuentra (n) la (s) víctima (s) en el momento mismo en que se ve (n) confrontada (s) por un no previsto e inesperado, injusto, ilícito y letal ataque

 

Dos circunstancias deberán ser distinguidas en el asunto y momento del ataque letal; la una, causal, el indiscutible derivado de una expresa voluntad criminal, la otra, casual, aun cuando tuviere los mismos efectos con el asesinato de inocentes, el aprovechamiento en espacio tiempo de circunstancias ajenas a los actores involucrados en una matanza de civiles desarmados.

 

Así, cuando citamos el término casual, nos referimos a ese momento del ataque contra la víctima, en el cual independiente de ella y de su victimario, un conjunto de variables ajenas a ambos son coincidentes en espacio y en tiempo, operando en total beneficio y que son aprovechadas en la acción por el victimario al reducirse y quedar eliminados los actuales y futuros riesgos propios, mientras que, por el contrario, se incrementan sensiblemente las desventajas y se eleva el estado de indefensión de la víctima frente a su atacante y el ataque.

 

Pero cuando usamos el término causal, estamos en un terreno totalmente distinto, el de condiciones pensadas, medidas previamente y expresamente puestas a punto, fabricadas e implementadas sobre el terreno, tanto para reducir a unos mínimos los riesgos de los victimarios, mientras en paralelo, se incrementan sensiblemente los propios al estado de indefensión de la(s) víctima(s).

 

“Falsos Positivos”[iv]

 

Por razones de espacio y dado su mayor importancia, abordaremos el más grave de los desempeños criminales en las unidades civiles y militares, habitualmente implementadas en estas masacres de civiles desarmados y que calificamos de circunstancias causales.

 

Se trata de un muy bien pensado programa de acción, posiblemente de origen subalterno pero que, en su implementación y ejecución, va escalando posiciones hasta contar, primero con la anuencia, tolerancia y hasta complicidad de los mandos medios y luego, asciende en su escalada, hasta los mandos superiores y, muy especialmente durante el apresurado proceso de “control de daños”, llega a involucrar con efectivos derivados, la expresa voluntad de esos altos mandos del Ejecutivo, presidente incluido; primero en función de garantizar el silencio del asunto, llega a continuar su escalada hasta alcanzar la inacción del resto de los cuerpos del Estado, el Ministerio Público; al Judicial y Legislativo le siguen los medios de información, hasta lograr, con el silencio de los ciudadanos, la absoluta impunidad de los ejecutores: los inmediatos y los mediatos.

 

Todo un criminal programa de acción que, como será de imperante factura, se lleva por adelante y arrolla toda la estructura del Estado anulando su ser y razón de ser, en y con cada una de sus precisas y subsecuentes etapas.

 

En función de las ya conocidas y registradas informaciones sobre las masacres en Venezuela durante el lapso contemplado para este comentario y a los efectos de la una mejor apreciación y una ulterior mejor percepción y calificación empírica de las voluntades políticas y criminales en este macabro juego, dividiremos el tiempo de esa inicial expresa voluntad criminal, subalterna o no, en veinte pasos, para distinguir así su antes de su durante y de su después; ese con el que se garantiza la impunidad:

 

  1. Preparación
    1. Selección del área geográfica para una acción de impacto
    2. Sondeos sobre el terreno para identificar potenciales víctimas
    3. Planificación
  2. Implementación
    1. Elaboración de la propuesta para la captación del interés de víctimas y para obtener de su ingenuidad, su desaprensiva cooperación
    2. Captación o doblaje de un morador sea del área geográfica o del grupo de interés, seguido de la siembra o no de un agente provocador, tanto para difundir la propuesta que movilice a las víctimas en la fecha/hora prevista para la ejecución al área seleccionada para la matanza, como para medir y controlar el desarrollo desde las preliminares hasta la culminación de la matanza[v].
    3. Organización, estructuración y orden de batalla para el seleccionado equipo cívico militar de gatilleros[vi].
    4. Selección, habilitación y almacenaje de equipo bélico a ser sembrado en la escena una vez ejecutada la matanza
    5. Inspección final del área geográfica prevista para la matanza y los ajustes finales en la distribución del poder de fuego sobe el terreno[vii].
  3. Ejecución
    1. Pertrechos y desplazamiento de las unidades civiles y militares de gatilleros al área cercana a la prevista para la matanza; revisión, refuerzo, ajustes e instrucciones finales al equipo de gatilleros.
    2. Verificación, vía agente provocador, si todas las condiciones prevista en el plan están en curso de acuerdo al plan en ejecución.
    3. Despliegue del poder de fuego al área de la emboscada para la matanza, limitación de riesgos para unidades por juego cruzado.
    4. Confirmación con agente provocador, del inicio del desplazamiento de las víctimas al lugar previsto para la matanza.
    5. Llegada de las víctimas al área geográfica bajo control total de las unidades y de su poder de fuego
    6. Orden de fuego e inicio de la andanada de fuego a discreción comienza la matanza, hasta la orden superior de alto el fuego.
    7. Personal de supervisores de las unidades en operación invaden el área de la matanza e incorporación del resto de la unidad
    8. Revisión pormenorizada del estado de cada víctima heridos o no, con remate de aquellas víctimas aún con vida.
    9. Siembra de armas y demás aperos bélicos, de ser necesario, uniformando a algunos heridos antes de rematarlos[viii]
    10. Difusión local y oficiosa del “combate”, alerta, traslado y acceso de personal de medios de comunicación, al área de la matanza
    11. Información oficial emitida tanto por el gobierno local como por el gobierno central.
    12. Una vez evidenciado el “Falso Positivo”, fuere por sobrevivientes, por testigos o por infidencias internan en los organismos operantes, comienzan las angustias y sofocos y las derivadas arduas tareas para el “Control de Daños” y con las explicaciones oficiales, comienzan las complicaciones mediáticas y las acciones ejecutivas en consecuencia[ix].

 

Una impunidad que devoró al Estado

 

Afirmaba Sófocles (495–406 AC) “… Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo…”

 

Quizás una de las más graves, ejemplarizantes y determinantes secuencias en estas matanzas de civiles desarmados, donde punto por punto se cumplirían con precisión los veinte citados pasos, se iniciaría en el gobierno de Luis Herrera Campins, con la muy publicitada pero también, jamás verdaderamente investigada, juzgada y sentenciada “Masacre de Cantaura” y, sin solución de continuidad, se mantendría en acción en el subsiguiente período de Jaime Lusinchi, con también la muy publicitada y jamás verdaderamente investigada, juzgada y sentenciada “Masacre de El Amparo”, entre una y la otra, ocho masacres más fueron ejecutadas y todas, tuvieron como protagonistas los mismos operadores de los servicios de seguridad pública, militares y civiles, y aplicando al calco los mismos métodos.

 

Más aún los métodos, como veremos, los extendieron con una ajustada reedición en el año 2004, con el también jamás verdaderamente investigado, juzgado y sentenciado, caso de “Los Paracachitos”[x].

 

Dos particularidades de estos dos períodos de gobierno han de ser citados porque, en esa primera de las tres fases citadas, la preparación, se destaca de bulto la intervención expresa, manifestación de voluntad política y con precisas ejecutivas decisiones que involucraron al propio titular del Despacho de la Presidencia de la República:

 

1) con Luis Herrera Campins, queda evidenciado en el uso y aplicación sobre el terreno del poder de fuego de aviones militares de combate en y para los primeros pasajes letales sobre el área planificada para aquella concentración de civiles[xi], no se movilizan los medios y poder de fuego de una Fuerza Aérea a petición de la policía o de una unidad militar sobre el terreno.

 

2) con Jaime Lusinchi, sólo por Decreto del Presidente, es posible la organización y puesta en operación de un especial equipo de combate con unidades civiles y militares integradas tanto a nivel de mandos intermedios como sobre el terreno de la acción bélica; eso que creó a esos fines: el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), al mando del general Humberto Camejo Arias[xii]

 

Recordaremos que ya con anterioridad a la fundación del CEJAP, el titular de Miraflores Jaime Lusinchi había intervenido drástica y expresamente en la fase de “control de daños”, inevitable derivado del hallazgo de los Pozos de la Muerte en La Cañada, Maracaibo, estado Zulia. Sistematizada operación donde civiles desarmados y en absoluto estado de indefensión eran secuestradas y asesinadas por las bandas de criminales operando al interior de las policías; las víctimas que corrían con mejor suerte, eran colocadas frente a la pared de un rancho para dispararles y rematarlas, para luego lanzarlas por la boca y al fondo de un aljibe; las otras, en su gran mayoría con mucho menor suerte, luego de secuestradas, desaparecidas, torturadas y atadas con las manos a la espalda, eran lanzadas vivas y de cabeza y al fondo por la boca de ese mismo aljibe[xiii] de no más de setenta centímetros de diámetro.

 

A 22 años, intentan reedición[xiv] de “Cantaura”

 

Como ya adelantamos, aquellos veinte pasos en la preparación de Falsos Positivos, fueron de nuevo satisfechos a cabalidad en las fechas preliminares al ocho de mayo de 2004, cuando emerge de boca del experto Ramón Emilio Rodríguez Chacín –el llamado “Rambo Venezolano” por Hugo Chávez–, el proyecto de una operación de terrorismo de Estado destinada a culminar una verdadera purga de opositores –militares y civiles, dentro y fuera del gobierno–; a tales fines, el montaje de un asalto paramilitar contra una instalación militar en Caracas.

 

Afinada la idea, se comenzó por el proceso de captación de víctimas y a tal fin, “agentes” fueron destacados a la frontera para selección y reclutamiento con ofertas de trabajo fijo y jugosamente remunerado en Caracas.

 

Culminada  esa tarea, se ejecutó la siguiente de concentración en un área física para ser embarcados en autobuses y trasladarlos a Caracas. Para el traslado desde la frontera hasta Caracas de más de una cincuentena de colombianos indocumentados, fueron destacados funcionarios de Identificación y Extranjería que los acompañaron en el trayecto.

 

Ya en Caracas, algunos de los reclutados comenzaron a presentar problemas, dos de ellos fueron aislados del grupo, asesinados y enterrados; ya todo en orden se sigue el programa; se contrata el transporte y con 56 víctimas ya uniformadas de camuflaje y embarcadas en autobuses, comienzan su ruta hacia el área de la matanza, hasta que un imprevisto, la celosa mujer del chofer del autobús que llama a la policía y son interceptados y detenidos en El Hatillo. Para el “control de daños” derivados, se monta el parapeto de un juicio contra para–militares colombianos y allí se silenció el asunto.

 

El más importante detalle de lo ya expuesto

 

Si miramos con detenimiento tanto el sistematizado método de los veinte puntos en las matanzas de civiles desarmados que comenzaron con Cantaura en 1.982 y continuaron hasta 1.988, a los cual agregamos las identidades de algunos de los operadores sobre el terreno, y nos topamos con el mismo sistematizado método aplicado por los mismos personajes en el caso de los “Paracachitos”, notaremos un hecho político de severas consecuencias jurídicas:

 

  1. Puede ser suficientemente argumentado y sustentado, que en las matanzas civiles ejecutada bajo una expresa y definida voluntad técnica y política, se aplicó un sistematizado y metodizado desempeño en las ejecutorias de los funcionarios de seguridad en Venezuela y en no menos de nueve continuadas masacres ejecutadas en un lapso de seis años.
  2. Al aplicarse por los mismos operadores, independiente de las posiciones y desempeños en una u otra fuere la masacre o las masacres y el mismo sistematizado método de las matanzas civiles 1982/88, reditándolas en Caracas y en la carnicería frustrada conocida como los “Paracachitos” en 2004, se establece una indubitable, indiscutible continuidad en objetivos, desempeños y resultados de los actos criminales en la ejecución de esas matanzas de civiles desarmados.
  3. Si bien para el lapso temporal 1982/1988, con nueve masacres, no existía normativa especial alguna, nacional o internacional, para el tratamiento de los sistematizados y metodizados asesinatos de civiles desarmados, a partir del primero de julio de 2002, entró en plena vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la cual Venezuela, es país tanto firmante como ratificador pleno de su vigencia.
  4. En otros términos y salvo irrefutable argumento técnico en contrario que lo sustente en el terreno político y jurídico, al brindar continuidad a un sistematizado método para el asesinato de civiles desarmados de probadas ejecutorias en el lapso anterior al primero de julio de 2002 y aplicarlo en toda su extensión y efectos y por los mismos operadores, se establece no un simple vínculo, sino una sostenida continuidad que a todos los efectos y sobre cualquiera sea el terreno, imponen la vigencia del Estatuto de Roma, en cuyo caso, las masacres ejecutadas antes del primero de julio de 2002, son arrastradas a su consideración, juzgamiento y sentencias, por las ejecutadas con posterioridad a esa fecha; hacia una misma causa penal, mismo juicio, demanda y rendición de responsabilidades en cabeza de todos y cada uno de los criminales inmediatos y mediatos, y de todo los procesos derivados para la reparación de las víctimas y de sus deudos.

 

 

Nicolás[xv] ¿Ordenó esas sistematizadas matanzas de civiles desarmados?

 

De nuevo el titular de Miraflores se involucra voluntariamente en estas matanzas de civiles desarmados; esta vez, no por Decreto Ejecutivo como lo hiciera Jaime Lusinchi en su momento, sino por instrucciones verbales a sus subalternos se integran “cívico militares” destinadas a la ejecución de esas supuestas operaciones de lucha contra la violencia que derivaron sobre el terreno en terrorismo de Estado.

 

Primero las denominaron “Operación de Liberación del Pueblo”; luego de las múltiples denuncias sobre los excesos las llamaron “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” y, por último, dada la incrementada cantidad y cada vez mayor, de asesinatos de civiles desarmados, Luisa Marvelia Ortega Díaz, titular como Fiscal General y el propio Tarek William Saab Halabi de la oficina para la Protección del Pueblo,  tuvieran que reconocer públicamente los crímenes cometidos, le cambian el nombre y la denominaron “Operación de Liberación Humanista del Pueblo”.

 

Todas esas pomposas denominaciones se refieren a la misma orden ejecutiva de Nicolás cuyo despliegue ordenara y se iniciara el 13/07/2015 tras la declaratoria de emergencia en San Antonio de El Táchira.

 

“… A confesión de parte, relevo de pruebas…”

 

De hecho y en Derecho, la ya excluida del régimen Luisa Marvelia Ortega Díaz, en una de las más fatuas pretensiones de un criminal, para dar continuidad a una estafa y evadir sus responsabilidades, desde el momento de no haber ejecutado todas y cada una de las medidas previstas para el ejercicio de su cargo como detentadora del “Monopolio de la Acción Penal”.

Masacres1982-1988

En la gráfica se registra en columnas: la masacre y el número de víctimas, la fecha y quiénes ejercían como Fiscal General de la República, Presidente de la República, Ministro del Interior, quiénes los operadores en mandos superiores y el gobernador de la entidad federal

Eso, desde el mismo momento de su designación como Fiscal General de la República, el 12 de diciembre del 2007 y consecuente fue con su irresponsable conducta durante no menos de 3.500 continuados días de ejercicio, hasta su huida en moto de la FGR el 05/08/2017.

 

Acumulada está su inacción en no menos de 32 masacres de civiles desarmados durante su ejercicio y otras 17 que se arrastraban en la inacción de esa FGR desde 1982, a pesar de toda la promoción mediática informando la persecución, enjuiciamiento y condena de los criminales responsables de Cantaura y Yumare; y sobre eso, fue sólo una estafa y jamás resultados tangibles.

 

Vale a tenor preguntar si la ahora fervorosa denunciante ex–fiscal, puede documentar si en algún momento del ejercicio de su cargo, citó, hizo comparecer, interrogó y constató las declaraciones de por lo menos los más conocidos responsables de las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo: Ramón Emilio Rodríguez Chacín, Henry Rafael López Sisco o en su defecto, busco información y orientación de pesquisas en quienes ejercieron cada gobernación de cada estado donde fue ejecutada en su momento cada masacre de civiles desarmados.

 

En su periplo por el mundo y en sus recientes repetitiva denuncias públicas en uno u otro fuere el país, el escenario, los interlocutores y los medios nacionales e internacionales, da cifras y dice tener en sus manos la documentación probatoria, al referir con insistencia el asesinato de no menos de 505 civiles desarmados por las OLP desde el inicio de sus operaciones en 2015.

Masacres1989-2015.jpg

Masacres2015-2016

 

Ha corrido con la suerte de que ningún funcionario de la OEA, de cualquier otro país donde denuncia o cualquier periodista nacional o extranjero, esté al tanto de su negligencia criminal en el ejercicio de su cargo y por tanto, nadie nada le pregunta mientras sigue disfrutando de una ignorante audiencia en su elaborado proceso de victimización.

Masacres2916-2017

Concluyamos

 

Son estos sesenta (60) continuados años de matanzas de civiles desarmados, donde no sólo los muertos y sus deudos son víctimas de la inacción de un inoperante Estado y de una inexistente ciudadanía que demande e imponga la exigencia de responsabilidades.

 

Y si bien es cierto que en algunas de esas matanzas de civiles desarmados, algunos funcionarios de las más bajas jerarquías han sido procesados y hasta condenados, son también a su vez víctimas de sus incapacidades y de las trampas tendidas por sus superiores; mientras, las sistematizadas masacres continuarán sin freno y en dinamizada ejecución; ha sido, es y será así, mientras la inacción de los ciudadanos, víctimas o no, siga garantizándole la absoluta y total impunidad a los verdaderos criminales.

 

Un policía y la policía no viola en ninguna de sus conductas y desempeños, los Derechos Humanos; en los extremos, por exceso o voluntariamente comete un delito contra terceros y por lo cual deberá ser sometido a juicio y condenado, si fuere el caso; quien verdaderamente viola los DDHH es el Estado en la inacción, acomodación y complicidad criminal de toda la línea de mando, comenzando en la escala inferior de línea, avanzando sobre la escala media hasta alcanzar los más altos mandos técnicos y políticos; esos, quienes están llamados a ejercer el Control Efectivo

 

Si bien es cierto que el asesino inmediato es el que hala el gatillo y mata, también es cierto que, quien emite las órdenes, organiza, equipa, despliega y dirige las matanzas, se clasifica como asesino mediato (EdeR/CPI); el primero hala el gatillo, el segundo empuja al gatillero.

 

Mientras los más altos responsables del mando y conducción del poder de fuego civil y militar no sean llamados a rendir cuentas y juzgados por su acción o inacción en el indispensable ejercicio del Control Efectivo, precaria será la existencia de un Estado en Venezuela y por eso, estamos donde estamos, en manos de criminales.

 

Y mientras el Estado no cumpla su razón de ser, seguiremos lanzando cientos de cadáveres de víctimas inocentes a las fosas y decenas de funcionarios subalternos a las cárceles; todos, víctimas de las incapacidades y de las conductas criminales de quienes, electos o selectos, monopolicen las posiciones de preparación y toma de decisiones en el Estado y mientras los ciudadanos sigan aposentados sobre el territorio y en una conducta contemplativa.

 

[i] Hurgando en sus registros y memoria, en los oficiales si existieren y tuviere acceso y en los difundidos por los medios, abordar los precedentes de hechos criminales, sus víctimas, sus actores mediatos e inmediatos; concatenar a esas circunstancias del pasado las del presente y las que le fueren previsibles de acuerdo a su experiencia, para dos fines. Primero, articular las medidas precautelares inmediatas aislando el foco de perturbación o peligro, los que limiten, reduzcan o eliminen riesgos ulteriores derivados tanto para el Estado, como para la sociedad y ciudadanos. Segundo y trascendente paso, informar y documentar por ante las autoridades administrativas y judiciales los hechos conocidos, para que se dispongan las medidas permanentes, y en caso de que configuraren faltas individualidades o colectivas, fueren por deficiencias en los servicios o las condiciones de terreno, se implementen y ejecuten las medidas administrativas pertinentes y en los casos de ilícitos, se activen los mecanismos de justicia, tanto para juicio y castigo de los responsables, como para la reparación de los daños.

 

[ii] El ente central del Sistema Estadístico Nacional, fue fundado en 1871, adscrito al Ministerio de Fomento y su primer Censo de Población fue en 1873, cuando contabilizó: 1.783.993 habitantes

 

[iii] Bastaría recordar que ese término estadístico “pleno empleo”, de 40 horas a la semana, de la noche a la mañana pasó a ser considerado como validado a los efectos de búsqueda, asiento, registro y análisis, con sólo un día o unas horas de trabajo a la semana, la obra de un experto, Elías Rafael Eljuri Abraham, nacido el 31/07/1939, CIV-742.990, ex decano de la Facultad de Economía de la UCV, miembro directivo de la Asociación de Profesores de la UCV (APUC) y designado como Presidente del INE en Gaceta Oficial N° 37.724 fechada el 03/07/2003; doce años después, designado Embajador Representante Permanente por ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Gaceta Oficial N° 40.699 del jueves 09/07/2015; y por cierto, FAO, la entidad internacional que ha otorgado dos premios por los resultados anuales en agricultura y alimentación para la población venezolana, a Nicolás. Si existen o no los vínculos de este experto operador con los hechos referidos y a su vez con las actividades de la banda de sirio–líbano–venezolana organizada y dirigida por el operador de Sadam Hussein para Latinoamérica, Zaidan Amín El Aissami El Musfi, alias Carlos Zaidan y justo durante ese largo proceso bélico contra Venezuela dirigido por Fidel Castro Ruz, no puede descartarse, si bien que queda por investigar

 

[iv] Con la expresión “Falso Positivo”, si bien en sistemas computarizados se refiere a falsos errores dados por el sistema, en Seguridad Pública, se pretende identificar y legitimar la detención, el secuestro y la ejecución sumaria de civiles desarmados, en operaciones ejecutadas por funcionarios militares y civiles de seguridad quienes, a los efectos de sus superiores y de los medios de información pública, hacen tomar la acción como un combate entre las fuerzas de seguridad y las víctimas que a tenor, son señaladas como unos atacantes que fueron abatidos en una acción de pretendida legitimada defensa.

 

[v] En esta fase de la Masacre de Cantaura, dentro del “Américo Silva” hicieron uso tanto de “El Quinto” infiltrado chileno refugiado en Venezuela como de Alirio y Norberto Rebanales, para la coordinación en los espacios y tiempos de la concentración de las víctimas como para el inicio y culminación de la matanza.

[vi] En la mayoría de estas operaciones promocionales, sólo jefes y coordinadores suelen estar al tanto de la verdadera operación de montaje, el “Falso Positivo”, tanto el personal subalterno de línea como los mandos técnicos y políticos, suelen ignoran detalles de los cuales se enterarán con  posteridad

 

[vii] El 28/10/1988, un día antes de la masacre, Henry Rafael López Sisco, en la programada inspección final del área de la planificada matanza, sobrevolaba en helicóptero la zona, cuando la aeronave se quedó sin combustible y se precipitó a tierra. Henry Rafael López Sisco fue llevado a un hospital y por eso no intervino personalmente en la matanza de civiles ejecutada al día siguiente. Son detalles de la causa penal abierta por el juez militar Angel Edecio Zambrano Chaparro contra los operadores Ramón Emilio Rodríguez Chacín y Henry Rafael López Sisco entre otros.

 

[viii] Fue durante esta fase en la matanza de Yumare, cuando al escolta de Henry Rafael López Sisco se le escapa un tiro del arma y lo impacta, es auxiliado por Alexis Sánchez Paz, montado en el rústico del funcionario policial apodado “Ramirito” –estacionado al bajar de una colina– y es trasladado a San Felipe donde la comisión irrumpe en el Hospital Central, invaden el quirófano donde una paciente estaba siendo anestesiada; a punta de pistola sacan la paciente de la mesa de operaciones y montan a Henry Rafael López Sisco ordenándole al cirujano Antonio Torres Rojas, intervenir sobre la herida de bala que lo bandeó de izquierda a derecha y de atrás a adelante, con lesiones en base pulmonar, rotura del diafragma y estallido del bazo. Luego serías trasladado al Hospital Militar en Caracas, 25 de 36 días en Terapia Intensiva y luego enviado 60 días a Boston.

[ix] En esta fase de la operación en “Los Pozos de la Muerte”, Humberto Camejo Arias moviliza a Jaime Lusinchi y éste ejecutivamente ordena quitarle el expediente en curso al juez militar Ángel Edecio Zambrano Chaparro para radicarlo en Caracas y hace anular las medidas juridicales que ya había tomado ese juez sobre los ya señalados responsables de la matanza.

 

[x] Donde de nuevo como planificador, destacaría la labor de Ramón Emilio Rodríguez Chacín, en el montaje de una operación destinada a dar inicio a una nueva purga al interior de los órganos de seguridad, con el montaje de un Falso Positivo de supuesto ataque paramilitar al Destacamento 54 de la Guardia Nacional en El Paraíso y con la muy eficiente coordinación Ejecutiva de Miguel Rodríguez Torres, asistente del Ministro del Interior en funciones, trasladaron desde Colombia a Caracas un centenar de colombianos con ofertas de trabajo, cumplieron todos los pasos señalados y sólo falló la operación, cuando los celos de la esposa del chofer del autobús que llevaría las víctimas al lugar de la matanza, alertó a la policía y fueron detenidos en el camino; sin embargo, en la operación no menos de dos de esas víctimas fueron asesinadas y desaparecidas; para mayores detalles consúltese la nota https://rriverom20025.wordpress.com/?s=ASESINATOS+

[xi] Sobre las 05:45 horas 04/10/1982 de octubre1982 se inicia cerco del área de concentración de civiles, una semi–luna con varios anillos, y se inicia el ataque con el avión Canberra que había despegado de Maracaibo al cual se uniría un Bronco OV–10, bombardeo; ametrallamiento intenso. Seis heridos ningún muerto; esto se ejecuta una vez terminada la operación aérea y retirada las aeronaves. Sin la orden presidencial, difícilmente la Fuerza Aérea hubiese intervenido.

[xii] El 04/11/1987, Jaime Lusinchi firma el Decreto Presidencial Nº 1.810 y funda el Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez (CEJAP), que dependería directamente del Presidente, bajo esas decretadas premisas, se ejecutarían las siguientes ocho masacres hasta la novena que culminaría la secuencia, la masacre de “El Amparo II”, 29/10/1988

 

[xiii] Expresamente llamado a Caracas un abogado zuliano sería primero seleccionado por David Morales Bello y luego también expresamente designado por Jaime Lusinchi, así ese juez Iván Rincón Urdaneta “no solo ordenó terminar la investigación en el pozo, sino que mandó a derrumbar la pared que había servido de paredón y tapiar con cemento el pozo”, orden ejecutada, con funcionarios y fondos de la gobernación, por orden del gobernador Omar Enrique Barboza Gutiérrez. Dos cadáveres completo y partes de restos de no menos de otros cuatro cadáveres, pudieron ser sacados del fondo del aljibe, antes de que las huestes policiales tomaran el control del área, ¿cuántos más quedaron sellados bajo el concreto ordenado por Iván Rincón Urdaneta y vaciado por Omar Enrique Barboza Gutiérrez, jamás se sabrá?

 

[xiv] Se deben destacar a tenor cinco importantes personajes para esta reedición: José Vicente Rangel Vale, vicepresidente en funciones; Iván Rincón Urdaneta titular de la presidencia del TSJ; Ramón Emilio Rodríguez Chacín, el enlace con la FARC y principal asesor y operador de seguridad de Hugo Chávez Frías; Noel Martínez “Guasipati”; Henry Rafael López Sisco, asesor de seguridad precisamente contratado en ese momento por el vicepresidente, José Vicente Rangel Vale. Por cierto JV Rangel V, le recomendaría al gobernador del Zulia, Manuel Antonio Rosales Guerrero, contratar a Henry Rafael López Sisco como asesor de seguridad y veremos luego cómo el titular de Interiores Jesse Chacón Escamillo lo pone en evidencia en 2006 cuando lo denuncia públicamente por operar junto con el Secretario de Seguridad y Defensa Ciudadana José Sánchez Mazuco en el cobro de vacunas a ganaderos.

 

[xv] Nicolás, titular de la Presidencia de Venezuela y a quien difícilmente podemos reconocer con los apellidos, paterno Maduro, materno Moros, desde el momento en que, por decisión Administrativa de la Arquidiócesis de Bogotá, el matrimonio de sus padres Nicolás Maduro García y Teresa de Jesús Moros Acevedo, es nulo y sobre ello, el sujeto jamás ha podido mostrar y demostrar en una Partida de Nacimiento que es hijo de quien dice su madre Teresa de Jesús Moros Acevedo. Tampoco existe documentación alguna donde conste que su padre Nicolás Maduro García, lo reconoció. A tenor https://rriverom.wordpress.com/2013/04/22/nicolas-maduro-moros-se-autodefine-perro-colombiano/

 

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