Disquisiciones sobre “Políticas Públicas de Seguridad”

El Estado que carece de “Política Policial” los hechos le imponen, la “Política de la Policía”

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 08/02/14

@rarmuz

  • “…  Así pues, no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos…” Kofi Annan[i]

PoblacionVenezuelaOrg020214Sin verdaderas Políticas Públicas[ii], la inseguridad es el tema de todos los días y en todas las demandas de los habitantes en Venezuela: 2013 y sin guerra, asesinados 95 por cada 100.000 habitantes; 258 policías por cada 100.000 efectivos; 911,6 presos por cada 100.000 reclusos; tres lustros de régimen suman más de 250.000 asesinados y una tasa de condenas no mayor al 3%.

Pero resulta ser el tema del que nadie quiere escuchar, mucho menos entender y asumir unas realidades a la vista en las escabrosas profundidades y marcadas, precisamente, por ese abandono o inexistencia de verdaderas Políticas Públicas de Seguridad.

Inconsistencias

Praxis, Inseguridad y la teoría de Thomas Malthus (1766-1834)

Praxis, Inseguridad y la teoría de Thomas Malthus (1766-1834)

Siendo directo en el tema de la Seguridad Pública, desde la perspectiva empírica y aún cuando ello moleste o perturbare las exquisiteces del mundo académico, no podemos abordarlo desde la perspectiva del Derecho, menos aún desde esa tan cacareada especialización “Constitucionalista”.

Puesto que se vive en un país que ya ha promulgado, desde su separación de la Gran Colombia hasta hoy, en 188 continuados años, entre constituyentes, reformas y enmiendas, unos 26 textos como Constitución y ninguno, absolutamente ninguno de esos textos, salvo prueba en contrario, puede asegurarse, han estado en cada uno de sus momentos políticos e históricos, vigentes en la total y absoluta plenitud de todos sus términos.

Es tanta la habituación política de este eterno comenzar de una dirigencia orientada sobre, pareciera, una vacilante brújula de palo que, además, perdió el punto referencial de azimut; que hoy, en la segunda década del Siglo XXI y en función estrictamente electorera y para escalar posiciones de poder, ya algunos prospectos de “dirigentes” y sus especializados asesores, hasta mencionan una nueva constituyente.

Constitucional

Y con la última promulgada, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hay que tener mucho cuidado puesto que fueron tres o cuatro textos, uno el que se entregó y distribuyó en la población para lectura y discusión; otro el que se votó en la Asamblea; otro el que se publicó una vez seguido de otro definitivo en la Gaceta Oficial No 36.860, del 30/12/1999.

Así que cuando se trata de ese texto “constitucional”, hay que prestar atención a cuál de los tres o cuatro textos se refiere, tanto quien pretenda dar lecciones, que muestra una particular incidencia y demanda respuestas; como sobre cuál se soportan consultas y ulteriores análisis e informes; hay que usar sólo la citada Gaceta Oficial.

Han sido, fueron y son Constituciones prêt-à-porter, a la medida de cada caudillo, sus intereses y su momento; el texto de mayor continuada vigencia, al cual todos se refieren, fue el promulgado en 1961 (38 años); sin embargo, al día siguiente de entrar en vigencia, se suspendieron las garantías económicas, por tanto, tampoco se cumplió su vigencia en la plenitud absoluta de todos sus términos, en la llamada democracia.

¿Seguridad?

Por tanto el tema Políticas de Seguridad, en 188 continuados años, abandonò por su propia y especial dinamizada materialidad, el ámbito de lo jurídico y de lo constitucional, para desembocar y concentrarse estrictamente en lo político[iii].

Y más que en lo político, en quince años del actual régimen, en lo pre–político; esa etapa de la organización humana articulada sobre la superstición y sus usos religiosos, la idolatría al líder y la inevitable Guerra Santa (Mires).

Que si forzadamente se mantiene para los “expertos” opinantes en ese ámbito jurídico–constitucional, es sólo en función de planteamientos teórico–académicos; alguno que otro caletre de especializados contertulios y/o de cazadores de puestos que repiten como loros; memoristas que pareciera no han entendido, no entienden; menos aún, ponen en practica su aprendizaje y se mantiene en ese mismo academicismo para el cual, a los efectos prácticos, la praxis política, jurídica, social y técnica de la seguridad pública, poco o nada de interés  tienen.

Características

Y lo político ha revelado, en este particular caso de la Seguridad Pública y las inexistentes Políticas de Seguridad Pública, sus tres características.

Esas que han sido, son y serán, las sempiternas determinantes de toda la política venezolana en las distintas áreas que se quieran observar y mientras esa sea la “política”, quizás sería mejor mencionarla como anti–política:

1)   Evasión al conflicto

2)   Ley del menor esfuerzo

3)   Ausencia de rendición de cuenta.

Y, desde una limitada perspectiva, mientras en una comunidad humana asentada sobre un territorio,  no exista y prive la vigencia de un contrato entre las partes (y eso es la Constitución); contrato por tanto de obligatorio cumplimiento y con severos y derivadas sanciones o castigos frente a todas y cada una de sus violaciones, no existirá ese contrato por tanto, no existirá tampoco una sociedad.

Y si quienes, electos o selectos estando obligado a la defensa por el propio texto, no defienden su vigencia, será letra muerta y eso de las garantías constitucionales, simplemente, no existe.

¿Sociedad, ciudadanos?

En Venezuela, como derivado de esas 26 Constituciones de melcocha, puesto que no es un cuerpo íntegramente válido, desde el momento en que algunos términos son ajustados una y otra vez a las necesidades de cada momento de lo político y hasta el nuevo texto;  lo que habita, stricto sensu, no es una sociedad, son sólo comunidades de moradores y casi que así, hemos regresado a ese citado período pre–político.

Si, bien es cierto que podremos hablar de moradores de un territorio –o de pobladores, término acuñado en los sesenta en Centro América por la Teología de la Liberación–, jamás podremos hablar de ciudadanos y, allí las pruebas.

Escuchando a todos y cada uno de los políticos, a los dirigentes de una u otra tolda, gobierno u oposición, quienes jamás le hablan al ciudadano, ese que tiene identidad propia y responsabilidad material sobre todos sus actos; le hablan sólo y exclusivamente al pueblo y pueblo es masa y masa no tiene identidad, menos aún, puede alguien pensar demandar de esa masa responsabilidad alguna.

El quid

Por eso, por ser masa sobre lo que se gobierna, quienes llegan al poder sólo temen a lo que le han temido todos los que escalan posiciones de poder, desde la colonia a nuestros días y a lo largo de esos 26 textos, el alzamiento de las masas y es por eso que, la seguridad, antes que Política Pública, es política de Estado, siendo concebida, definida y desplegada dentro de una conocida pero ya superada doctrina.

La Doctrina de Seguridad Nacional, cuya principal determinante es la existencia del “enemigo interno” por tanto, la seguridad se ha contemplado y contempla –contemplar no es tratar– como la capacidad de un régimen para defender las posiciones de poder alcanzadas y para disuadir, evitar y en los extremos resistir embates de pobladas; ese temor al potencial alzamiento en las masas define entonces la seguridad.

Escuchando simplemente a los nuevos detentadores del poder, quienes a diario expresan sus temores frente a los enemigos internos; una comunidad de moradores  donde existen y operan enemigos internos; en esa comunidad, primero no existe el ciudadano y segundo, sólo existen consideraciones y planteamientos bélicos en el tema de la seguridad.

Ello significa, despliegue militar en zafarrancho de combate; lo que se evidencia en la observación del llamado “Plan Patria Segura”, el número 24 del régimen y el reciente iniciado “Patrullaje Inteligente”.

Y el quid pro quo del asunto está en lo que sintetizó el francés Casamayor en la década de los sesenta: “… A nadie le interesa cambiar la maquinaria de la cual se servirá si eventualmente llega al poder…”

En fin

Bien pueden afirmarlo y sustentarlo 55 años ininterrumpidos manejando el tema de la seguridad pública, primero como investigador subalterno, luego como jefe de policías de investigación de homicidios, atracos, hurtos; luego en la captación, organización, registro, análisis, investigación y planificación para represión criminal en áreas de Crimen Común, Crimen Organizado, Terrorismo y Tráfico de Drogas; luego en áreas de Seguridad de Estado y como operador y jefe de Unidad de Operaciones Antisubversivas; luego como asesor privado y por último como opinante con más de 1,6 millones de caracteres escritos y publicados dentro –algunos fuera– de Venezuela sin que haya sido jamás refutado.

Y todo estos 55 años, sobre esta ya habitual antipolítica de esta dirigencia, de ayer y de hoy, de izquierda, derecha, centro, de un lado y hasta del otro lado y que se materializa en la brutalmente vigente ausencia de Políticas Públicas de Seguridad.

Política de la Policía

Cuando no existe una Política de Estado en Seguridad Pública, no es que sobreviene un vacío; nace y se impone en los hechos, la Política de la Policía.

Una de cuyas más evidenciadas “políticas”, tolerada y avalada por “representantes” de gobierno y oposición, son las ejecutadas en “Operaciones de Profilaxis Social”, con los “Pelotones de la Muerte”, los “Pozos de la Muerte” y que, ayer y mañana, cubren una gama de ilícitos que van, desde las detenciones ilegales, el secuestro, la destrucción de escenas de crímenes, la manufactura y siembra de evidencias; pasando por la extorsión y por la tortura, hasta los desaparecidos, los cadáveres que se abandonan en la vía pública o en seleccionados lugares, léase, Parque Caiza.

Y no se habla sólo de este régimen; se refiere a una “Política de Estado” que se caracteriza por la materializada ausencia de Políticas Públicas de Seguridad; que si bien distinguió al “Sistema de Conciliación de Élites” o lo que se llamó democracia en Venezuela, que marcó su paso sobre el sostenido proceso de desmembramiento de la seguridad a partir del año 1.970 (44 años atrás) y que culmina hoy, en este régimen revolucionario y en manos de criminales, con una política propia iniciada por la subversión en los años sesenta con el diario asesinato de policías en las vías públicas y que continua hoy, con lo que es ya es un indiscutido resultado: la Destrucción de toda la Capacidad Instalada de Policía.

De esa policía que nació y se asentó a partir de la promulgación del Decreto Orgánico que creó la única y verdadera Escuela de Formación de Agente de Seguridad Pública en Venezuela el 17/09/1936; sucedido por el Decreto Orgánico 04/08/1937 que creó el Servicio Nacional de Seguridad, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores, con actividades diferenciadas en sus tres órganos de ejecución material: a) la  Guardia Nacional; b) la Oficina de Investigación Nacional e c) Identificación de Extranjeros y, recuérdese, el casi inmediato desprendimiento del Ministerio de Relaciones Interiores y traslado de la Guardia Nacional al Ministerio de Guerra y Marina y como un Servicio del Ejército; con la derivada pretensión, hecho norma hoy, de mantener a las policías civiles bajo el mando de militares activos.

Estructura civil de policía, que si bien presentó múltiples fallas y desviaciones, también es verdad que, sobre eso emergió, se crearon y consolidaron, los tres pilares que materializan una estructura de policía en su precisa misión de Seguridad Pública: Tradición, Información y Método.

Toda esa experiencia, todos los archivos, métodos y sistemas de la escuela de 1936, fueron destruidos en nombre y en función de “Un Nuevo Modelo de Policía”; esa es la gran obra revolucionaria; interrumpida quizás, con la recién destituida sociólogo, Soraya Beatriz El Achkar Gousoub; allí está el trasfondo de esta inseguridad que es hoy política de Estado.

Sólo el principio

Completando la citada afirmación de Kofi Annan, necesariamente tendremos que citar una de las determinantes característica que unida a sus dos constantes derivados –la ley del menor esfuerzo y la ausencia de rendición de cuentas– han sido los distintivos  en la política venezolana de las últimas décadas y ello en virtud de que, si no se respetan, se cumplen y se hacen cumplir rigurosamente y a cabalidad la Constitución, las leyes y los procedimientos vigentes, anodino, inútil es todo lo demás.

Imposible que en esos términos exista una política de seguridad pública y tampoco será posible como derivado, que se consideren y respeten los derechos humanos.

Resulta absolutamente falso que la Constitución de la República de Venezuela, bolivariana o no, una u otra de las promulgadas 26  y al igual que cualquier sea el texto par en otro lugar, garantice algo.

No puede un texto desde su lugar en un anaquel o biblioteca, garantizar nada.

Siendo que su contenido es únicamente el simple enunciado de derechos y de garantías, sólo será la propia acción del interesado, su demanda por ante las instancias públicas preestablecidas en la organización política, la que podría eventualmente, en todo caso, intentar hacer válido uno u otro sea el enunciado o garantía de ese o cualquier otro texto legal.

Pero, en Venezuela no existe un juez, ni siquiera en Caracas[iv].

Menos si se toma en cuenta que una titular de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, además de ser una profesional del derecho que en por lo menos dos oportunidades fuera sancionada y hasta destituida por “errores inexcusables”‘; es la misma que públicamente, en Sala Plena y en coro, magistrados y audiencia de pie, cantando las alabanzas al líder revolucionario ,rematan a voz en cuello: “… Uh ha… Chávez no se va…”.

Quien la sustituye, hace otro tanto en la apertura del Año Judicial 2014.

Esos actos en Sala Plena, sin precedentes, no tienen nada de jurídicos, son y serán a lo sumo, una rastrera forma de expresión política y de la sumisión absoluta del Tribunal Supremo de Justicia, a la voluntad del jefe del Ejecutivo.

Como pauta la letra muerta, ese sería el más alto nivel del impedimento para cualquiera sea el interesado solicitante de amparo de sus garantías en Venezuela.

Y en ese momento lo comprueba, éstos no son judiciables y se ubica la dinámica precisamente en el hecho de que las instancias públicas preestablecidas en los textos y procedimientos vigentes, al no cumplir con sus deberes o estar en una real capacidad para hacerlo, dejan al demandante en total y absoluto estado de orfandad y eso, estrictamente, es política puesto que, el objeto y la función de la dependencia pública de la que se trate, se materializa como inexistente.

Eso como se adelanta no es un problema jurídico, es eminente y exclusivamente político puesto que, en esa materialidad está la expresión real de la Voluntad Administrativa del momento; indiscutiblemente, expresión propia al y del gobierno de turno y eso no es jurídico, eso es la política de una Administración.

Sin temor a errar afirmamos:

No tendremos derechos humanos y de ningún otro tipo en Venezuela, mientras el problema político no sea zanjado y resuelto y éste se centra y concentra, en una casi exclusiva necesidad preliminar a toda organización humana que se pretenda sociedad y que, sobre esa solución, que es política, construya luego todo ese andamiaje jurídico al que tanto acuden estos “políticos” en su sempiterna conducta o modalidad para la evasión del conflicto.

Precisamente, de lo que nadie –especialmente los herederos de Punto Fijo– habla ni quiere hablar, menos aún referir en sus populistas desempeños discursivos.

Bien lo sintetizó el autor francés Casamayor cuatro décadas atrás: “… A nadie le interesa modificar la maquinaria de la cual se ha de servir, en la eventual circunstancia de llegar al poder…”

Un acuerdo y compromiso inalienable de todas los representantes de las fuerzas sociales sean éstos partidos o no, defensores de derechos difusos, comunidades de definidos intereses, ONGs o similares, individualidades sobresalientes y todos aquellos que pretendan ejercer, probar y dinamizar sus capacidades y habilidades en la política o en cualesquiera otras fueren las áreas de la expresión humana, de la creación y del hacer social.

Mientras no exista ese engagement de todos y para todos, muy en especial de esos que ostenten posiciones de decisión y de opinión, para vender, promover y sujetar las ventajas y ejemplos y mantener en sus expresiones y conductas públicas y privadas, la importancia capital de la vigencia y estricto cumplimiento de las leyes.

Se trata de un indispensable e insustituible compromiso político, formal, vigente, actual y dinamizado por y para cumplir y hacer cumplir la ley, sin  distingos ni privilegios de ninguna especie.

Mientras ello no sea la imagen y el ejemplo diario, constante y sostenido que se transmitan, retransmitan y se atornillen sólidos en la conducta de cada morador del territorio, no habrá nada por hacer.

Se empieza siempre por el principio y ese principio, es político; lo que ha precedido siempre a lo jurídico y constitucional en la organización de comunidades humanas con pretensiones de sociedad.

Desarrollo

Y es que, retomando a Kofi Annan, tampoco podrá existir el desarrollo humano y su derivado, el desarrollo político, cívico, intelectual, social y económico y menos aún, podrán existir y respetarse al interior de las fronteras y dentro y fuera de esas masas sin identidad que tanto manipulan caudillos, salvadores y líderes telúricos y en función de la identidad individualizada  los precisos términos de la ciudadanía y será sólo después de ello que emergerá, el corolario de ese compromiso político:

Los derechos ciudadanos que en definitiva y a la sazón, son derechos humanos.

Queda así en esos términos planteado nuestra consistente afirmación:

La mayoría de los problemas y especial y concretamente el problema de la seguridad pública en Venezuela, desde donde observamos y tema de esta nota, es un problema eminente y primeramente político y mientras no sea resuelto con propiedad y con la pertinente, agresiva, continuada y  sostenida proyección en el tiempo sobre la comunidad de moradores en Venezuela, todos esos “paños calientes” en ese ligero o denso contenido de todos y cada uno de esos extensos análisis y opiniones jurídicas, han sido y seguirán siendo un enorme gaspillage de voluntades, de tiempo, de capacidades, oportunidades y dinero.

Una trascendente heredad de Punto Fijo

Si bien tratar este particular tema de los precedentes del problema de la seguridad pública en Venezuela, impondría el abordaje de las teorías políticas, sociológicas y técnicas policiales sobre las cuales sustentaremos la apreciación, también es cierto que ese aspecto y actividad académica ha sido y seguirá siendo campo reservado para quienes dominan teorías y autores y son capaces de citar con precisión una u otra fuera la referencia.

Eso es para los académicos y bien lejos de esas calificaciones se ubica la experiencia sobre la que se soportará esta argumentación; derivada sólo de la experiencia y que se asume el riesgo de plantear.

“… Nuestros gobernantes siempre buscan el atajo de un vacío jurídico, o hacen suya una interpretación antojadiza de una norma no tan clara para tratar de hacer algo más allá de lo permitido por las normativas vigentes…”

Acotaría el chileno Marcelo N. Mouhapé Furné en agosto del 2007 en el desarrollo de sus comentarios sobre el magistrado de la CSJN chilena Ricardo Lereonzetti quien había afirmado: “… Los jueces no debemos gobernar y los otros poderes no deben judicializar sus decisiones innecesariamente… Es fundamental que cada poder del Estado cumpla con sus funciones… los jueces deben poner límites a las decisiones de la mayorías cuando contradicen la Constitución Nacional… no… enfocada a favor ni en contra de ningún partido político, sino a favor de la justicia…”

De nuevo en el campo de las precisiones; el problema es político, no jurídico, cuando desaparecen o se hacen nulos los términos de un texto fundamental y desaparecen en la praxis la separación de poderes; y eso es, praxis política, no jurídica.

Juan Carlos Rey definiría certeramente al Pacto de Punto Fijo como lo que en realidad en definitiva fue la praxis de ese acuerdo entre los líderes naturales de los partidos políticos y sus pares de otras ramas de la organización social venezolana en aquel momento:

“… Un sistema de conciliación de élites…”.

Nada hubiese tenido de particular ese acuerdo político, si los resultados no hubiesen conducido con el correr de los años, a la determinación y venta de la democracia sólo como un fetiche y antes que hacer de ella lo que es, un método para la búsqueda de las soluciones políticas, sociales y económicas.

La convirtieron y se  convirtió en un fin en si mismo y sobre ello exclusivamente, construyeron los acuerdos para su defensa.

Tanta ha sido la importancia de esa ambigüedad, hasta el punto de que hoy cualquiera se asume demócrata; independiente de las truculencias, de sus antecedentes como funcionario y de sus conductas tanto en el desempeño de funciones pública, ayer y hoy, como en sus denodadas pretensiones de poder desde la oposición.

Políticas y el Pacto

Independiente del cúmulo de buenas intenciones y de los excelentes propósitos en las negociaciones de Nueva York y su ulterior concreción y firma del documento en Caracas luego de la huida de Marcos Pérez Jiménez, entre muchas otras, dos decisiones políticas particulares al tema porque lo marcaron desde ese entonces.

Y desde nuestro ángulo de información, han sido, son y seguirán siendo la pantalla o soporte donde se proyecta la seguridad pública venezolana a partir del arribo e instalación de la modalidad de democracia puntofijista.

1) El Plan de Emergencia creado y manejado dentro del más populista de los esquemas del fiel subalterno y servidor de confianza de Marcos Pérez Jiménez, el contralmirante Wolfgang Larrazabal Ugueto; a la sazón presidente interino designado por la Junta de Gobierno y a la espera de la preparación y ejecución de unas elecciones.

En ello quedó plasmado y comprobado la calidad de visión política del país y de su futuro, el cortoplacismo en su más dramática expresión; con la aceptación, apadrinamiento y promoción de la violación de todo el cuerpo de leyes, reglamentos, ordenanzas municipales, de la planificación urbana en curso –sin temor a errar–, la realización sobre el terreno del único y el más importante plan de viviendas ejecutado por un gobierno en Venezuela.

Con el “Plan de Emergencia” se creó un determinante y dinámico punto de atracción para el desplazamiento voluntario o forzado y bien improvisado de la población de provincia, primero hacia Caracas y luego hacia otras ciudades importantes de provincia donde se iniciarían luego émulos de ese Plan de Emergencia.

Allí, quedó comprometida toda la obra adelantada de gobierno de la ciudad, con el despoblamiento de los cerros, la destrucción de los racheríos y la ubicación de los habitantes desplazados en los recién inaugurados súper–bloques en distintas urbanizaciones populares.

Todo eso inició un sostenido proceso de deterioro hasta el punto de que hoy más del 50% se la población citadina en Venezuela, sobrevive en barios y precarios rancheríos autoconstruidos, carentes de todos los servicios y fue allí donde el populismo de los lideres de los partidos firmantes del Pacto, centraron en la facilitada captación del voto con la donación de materiales de construcción a sus militancias.

Allí, por obra y voluntad de esa decisión política de los partidos, comenzó esa repoblación y superpoblación de las periferias en las ciudades principales y los derivados problemas de seguridad que le son inseparables e inevitables consecuencias de todo proceso continuado y sostenido de ilegalidades.

2. La El designación de hecho del abogado David Morales Bello para mantener el control de las decisiones de los tribunales y su ulterior y rápida consolidación en el poder de  lo que luego sería conocido y reconocido como La Tribu de David.

Nace esa necesidad de una decisión política del presidente en turno, Rómulo Betancourt, en el momento en que, enfrentado a dos riesgos militantes, por un lado el golpe militar alimentado en sectores que denominaron de la derecha –eso fueron sólo vocablos puesto que luego sería la que a su vez se denominó izquierda, la que preparó, gestionó y ejecutó más de un alzamiento militar– y por el otro la subversión armada como respuesta casi directa a la negativa de Betancourt de respaldar y financiar a Fidel Castro Ruz en su proyecto revolucionario continental; para aquel momento, el recién ascendido hombre fuerte y en el poder en Cuba luego de la huida y abandono de la isla del sargento Fulgencio Batista.

Rómulo Betancourt en función política, simplemente articuló sus capacidades y mientras presionó internamente a los “cabeza calientes” hasta que éstos abandonaron las filas de su partido y se fueron a la subversión armada, por la otra parte entregó a las fuerzas militares el combate de esa subversión y allí surgió una necesidad política del momento.

Ante los riesgos y las exigencias de la declarada guerra contra la subversión, los de uniforme impusieron condiciones cuyos beneficios luego fueron asumidas también por los órganos de la llamada policía política y se refirió ello al tratamiento de las causas penales derivadas de esa guerra, en condiciones que brindaran algunas garantías para los integrantes de los grupos anti revolucionarios y ello se concreto, con la discreta pero firme orden para el control de investigaciones, juicios y sentencias.

Dos decisiones políticas de aquel momento, vigentes y activas gobierno tras gobierno, con dos de las determinantes que han incidido en forma irreparable sobre el ámbito de la seguridad pública:

a) El desarraigo de significativos contingentes de población y su atracción y expresa instalación –más bien aglomeración–, rompiendo y contraviniendo absolutamente todas normas de urbanismo, en la periferia de las ciudades más importantes, Caracas en especial; en cada vez más extensas áreas no urbanizadas, carentes de todo género de servicios básicos. Allí está lo que no se quiere debatir, menos aún reconocer, el fermento o quizás el crisol donde se fundieron y moldearon los cada vez más graves problemas de la seguridad ciudadana en Venezuela.

b) Lo que jamás podrá ser refutado por argumento político alguno y que, en términos de la praxis política desde antes, durante y después de 1830, ha sido el más secretamente cuidado aspecto del ejercicio del poder político en Venezuela, el control abierto o soterrado por parte del titular a la cabeza del poder Ejecutivo, de las cabezas y cuadros superiores de decisión en los otros dos poderes, teóricamente autónomos del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Los afirmamos en múltiples notas y con insistencia, si bien es cierto que en Rómulo Betancourt ha de reconocerse no sólo su estatura política sino aceptar su denominación partidista que le califica de padre de la democracia; es verdad que dentro de ese juego político que concibió. negoció y dirigió desde el Palacio de Miraflores, también como parte de su juego, le entregó la más pesada y afilada de las hachas a un verdugo.

Allí está la democracia de los poderes del Estado, tres o cinco, bajo el control de uno de ellos, el Ejecutivo; la única diferencia posible de observar y de aceptar entre el conocido caudillismo llano y sin tapujo de antes de 1958, el caudillismo democrático de 1959 a 1999 y este caudillismo revolucionario subsiguiente, son sutilezas en algunos casos, los niveles de radicalismo en otros.

En medio de esa mëlée, la actividad de lo que se pretende sean órganos profesionalizados para la ejecución material de las operaciones y medidas de policía que abordaremos en consecuencia.

Pocas teorías en la praxis

Para facilitar el enfoque pragmático de este asunto y poder fijar lo que hemos siempre percibido como el origen político y del por qué hoy tenemos en la silla de Miraflores la expresión en sus más dramáticos extremos con la más absoluta negación de todo aquello que pueda se considerado política y por tanto, de difícil y quizás de imposible tratamiento en un ámbito jurídico que es inaplicable, precisamente, por tratarse de un problema político.

Observemos el asunto de la seguridad de ayer y de hoy.

Son tres los vocablos castellanos de raíces griegas con los que identificaríamos cada uno de los vértices de un imaginario triángulo equilatero sobre el que nos atrevemos a hacer gráfica la vida pública y política de una comunidad:

a) Política del πολιτικος ciudadano, civil, relativo al ordenamiento de la ciudad;

b) polémica del πολεμικως, de los medios bélicos y la controversia;

c) policía del πολιτεια cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos.

Equilibrio

Son los vértices y los lados que les conectan en una imaginaria y flotante  figura geométrica, cuya dinámica, armonía y sostenido equilibrio en el tiempo, han determinado y  determinan en las relaciones de producción de una cualquiera comunidad humana, la eficiencia o la ineficiencia; la propiedad o el desastre; la tranquilidad o la angustia; la ética grupal o el bandillaje.

El ámbito de las determinantes de una vida en comunidad dedicada a la creación, exploración y explotación de oportunidades humanas o su contraparte, que se ha batido y se bate siempre con una mayor o menor preponderancia, dentro del hostil ambiente y campo de juego de estas relaciones e intercambios primarios de seres vivos en su simple o compleja guerra por la sobrevivencia individual de cada individualidad, su pareja y su camada; nada que envidiar a la expresión más gráfica y de reciente data: La Cárcel de El Rodeo bajo el mando de un “pran” secundado por sus “Luceros”.

Es desde esa cruda perspectiva y enfoque de los variados temas de la seguridad individual y colectiva, que se asume el riesgo de abordar todas y cada una de las incidencias que nos llaman la atención y sobre la cual, dentro de nuestras capacidades, oportunidades y experiencia, recopilamos y abundamos en sus detalles y antecedentes.

Limitaciones

No es materia de un profesional de la policía, juzgar, denunciar y menos aún probar –en términos jurídicos–, los derivados de una concatenación de eventos y su eventual estimada proyección a futuro; pruebas y probatoria, desde este particular enfoque es materia de exclusiva competencia de aquellos responsables designados por las normas vigentes y de tratamiento tanto en el ámbito jurisdiccional como en las controvertidas audiencias por ante un juez a las que, a satisfacción de parte y contraparte,  hubiere lugar.

Como durante todos los años en la actividad de policía, investigación criminal y seguridad de Estado hemos afirmado, una vez que los hechos señalan o evidencian las responsabilidades potenciales de una u otra individualidad o colectivo, sólo se podrá considerar el sospechoso –para sí y la comunidad– liberado de responsabilidades, una vez que, realizadas las investigaciones y audiencias controvertidas por ante un juez, un sentencia definitivamente firma le y los declare ajenos a la responsabilidad señalada, no culpables de los hechos registrados y en sus extremos inocentes de cargos penales; mientras eso no sea así sentenciado, si bien no es técnicamente un infractor o delincuente, tampoco podrá despojarse y salir de la categoría de sospechoso.

Lo político y la política

Visto desde esa perspectiva, la seguridad ciudadana como queda suficientemente sustentado, es un tema y problema eminentemente político; responsabilidad indeclinable y propia de lo político y del estudio, la preparación y la toma y ejecución de las decisiones políticas.

Afirmamos, poco o nada significan o agregan en ese ámbito, las conocidas evasiones que se amparan siempre, sea en los programas de publicidad para desviar la atención; en la técnica del otro escándalo que tapa el escándalo; fuere en los sempiternos y sesudos y densos análisis jurídicos sobre una u otra incidencia del crimen y/o los criminales.

Si en el específico y excluyente terreno de lo político y de la política, no existe un previo y muy sólido acuerdo y compromiso inalienable de los actores en la comunidad humana de la cual se trate, indistintamente de posiciones, credos, razas, actividad civil o militar, posición económica, social y sus intereses en juego, en desconocer y atacar toda expresión de privilegio, respetar y velar por el estricto cumplimiento de las leyes y procedimientos vigentes, no puede hablarse de sociedad, a lo sumo podrá tratarse de una comunidad en formación, de moradores o de pisatario de un territorio.

Policía

Desde esa particular visual, el activo operador y profesional de los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía, tal como lo pautan las normas, no ha sido, no es ni serán jamás, agente de autoridad, es sólo y exclusivamente el llamado y juramentado tanto para obedecer y someterse estrictamente al texto de las leyes, como el ejecutor de primera línea de su exclusiva misión, imponer sobre toda individualidad y colectivo fijo en en tránsito en el espacio geográfico bajo su responsabilidad, la estricta sujeción y respeto de las leyes.

En los extremos y en presencia del incumplimiento y de violaciones a las leyes –delitos o no, desde el momento en que no esta calificado para determinarlo–, su tarea se limita estrictamente, primero en aislar el peligro y poner a salvo de todo peligro a inocentes, víctimas y hasta al propio infractor de la ley; tomar bajo su control todo instrumento o equipo fuente o que constituya por si mismo riesgo para terceros y luego, tomando las medidas para la preservación de la escena de los hechos, concentrarse en conocer los pormenores de los hechos, dejar constancia oficial certificada de ello y sustentar así el procedimiento pautado y eventualmente el punto de inicio de la actividad de una cadena de mando, la jerarquía, canal y proceso pautado y donde se expresa en toda su materialidad, la Voluntad Administrativa; la cual se expresa según un principio, por órgano de la jerarquía.

Principio y materialidad sobre la que volveremos por ser allí donde arranca precisamente, toda la tramoya que al final de todo un recorrido que, violando principios y normas, deja sustentado suficientes elementos que invalidarían desde esa primera y crucial etapa, los actos administrativos de policía y como derivado, restan sustento técnico y profesional a la actividad del detentador del monopolio de la acción penal, el Ministerio Público.


[i] Kofi Annan: Informe del Secretario General ONU, Asamblea General 21/03/2005:  “B. Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos”

[ii] Para los autores Meny y Thoening (1992) “… de los actos y de los ‘no actos comprometidos’ de una autoridad pública frente a un problema o sector relevante de su competencia”. Citado por Carlos Ricardo Aguilar Astorga, Marco Antonio Lima Facio “¿Qué son y para qué sirven las Politicas Públicas?, 2009

[iii] Referido sólo a “… las relaciones de poder, en los procesos electorales, en las confrontaciones entre organizaciones sociales con el gobierno…” (Aguilar y Lima, citados)

[iv] Remembranza de aquella expresión de un campesino alemán frente a los abusos de autoridades y jueces locales

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4 Responses to Disquisiciones sobre “Políticas Públicas de Seguridad”

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