Inermes ante el poder del Crimen Organizado

Y nada mejor organizado que este crimen que confiesa Ramón Eladio Aponte Aponte

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 150912

  • “… La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera…”

Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC)

Posiblemente no haya existido en toda la historia política y delictiva de la Venezuela contemporánea, una confesión pública no sólo de una componenda criminosa al interior del más alto tribunal de la República, sino también de la ejemplarizante y sostenida labor en el tiempo y en los efecto, de una expresamente coordinada asociación de malhechores.

Verdaderamente; indiscutida adaptación venezolana en función de los objetivos y de las tareas propias a una estructura funcional de Crimen Organizado, jamás conocida.

Una concitada actividad de esta particular asociación de individualidades con tanta trascendencia política y social, como esta que acaba de ser cerificada y hecha pública por el ex magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el abogado Ramón Eladio Aponte Aponte.

Indiscutible es también, el impacto y la trascendencia jurídica sí, pero el asunto es político y lo jurídico no resulta ser del ámbito de tratamiento de un ciudadano común; menos de un simple observador y no experto en esa tan pero tan especializada materia de pautado tratamiento en exclusivo, para abogados y académicos.

¿Plena prueba o simple indicio?

Se trata de un documento firmado, certificado y apostillado por la Cancillería de la República de Costa Rica en papel membreteado del abogado UCR Licenciado William Monge Solano y que su signatario, el citado ex magistrado dicta y hace llegar en expreso a los “… Ex comisionados… Henry Vivas Lázaro Forero Iván Simonovis Erasmo Bolívar Luis Molina Arube Pérez Marco Hurtado Héctor Rovaina…”.

Un documento que remata su autor con un último párrafo que antes que confesión, es un descomunal señalamiento que dibuja el interior y núcleo del Tribunal Supremo de Justicia y el cómo por sobre y en contra del Derecho, se articula la política del crimen para instaurar esta justicia administrada:

“… Ojala y esta confesión les ayude a encontrar alguna solución a su problema, y estoy dispuesto a ratificar todo ante Tribunales en verdad independientes, con jueces imparciales y en un país donde haya democracia verdadera y libertad…”

Esos destinatarios de esa tan horrenda certificación –confesión como la califica su mismo autor–, son los funcionarios de la policía Metropolitana, condenados a 30 años, la máxima pena que establece el ordenamiento jurídico, en juicios amañados, sin pruebas y por delitos que no cometieron; sentencia ya firme y en ejecución.

Un acumulado de tropelías

Resulta desquiciante a medida que se avanza sobre cada línea, cada nombre, cada cargo o instancia, cada circunstancia de suyo conocida y resumidas en no más de los tres mil caracteres del validado documento.

Y esto impacta crudamente, aún para aquellos que están curados de espanto con los más de 54 años de policía a su espalda.

Es la confesión de esa articulación criminal ejecutada por un especializado colectivo, que no ha sido, ni es ni será jamás un pecadillo; menos uno de esos que quedan zanjado con la rodilla en tierra, vista al piso, manos en plegaria y el perdón de un sacerdote; circunscrito a la pena de rosarios, letanías, varias Ave María y golpes de pecho.

No es sólo que se trate y se refiera exclusivamente a la sumatoria de los severos daños materiales y morales que les han sido injustamente infligidos a cada una de las víctimas directas y que fueron potenciados, multiplicados en el tiempo y lanzados sobre otros inocentes: sus parejas, hijos, nietos y con efectos severos sobre su entorno social y profesional.

Una seguidilla de agresiones injustas ejecutada no ya en el fragor de un momento de exasperación, de pánico o de miedo, sino todo lo contrario, en la paz de sus oficinas, sus aires acondicionados y sus tiempo de sobra para la tramoya; en los lapsos y con los tiempos medidos en cada uno de los pasos preliminares y subsiguientes.

Secuencias que fueron calibradas paso por paso, a conciencia, por cada ejecutor, en cada uno de los escalones y estamento jerárquico y ejecutados voluntariamente por cada una de las individualidades, con plenitud de conocimiento del por qué, del cuándo, contra quién y del para qué.

Triángulo criminal: capacidad, oportunidad y motivo

Seguidilla continuada de ilicitudes que no fueron ejecutados por ignorantes, por analfabetas o por marginales sumidos o acicateados en sus severas deficiencias físicas, psíquicas, de educación y de sociabilidad, sino al contrario, por individualidades educadas formalmente en lapsos mayores a 18 y 20 años de continuada formación académica.

Titulados y reconocidos profesionales universitarios; con unas impresionantes currículas pletóricas en cursos y diplomas en especializaciones académicas;  maestrías y hasta con doctorados en universidades nacionales e internacionales.

Todos ellos, uno a uno, juramentados y ejerciendo como jueces y quienes en sostenidas y subsecuentes escaladas al estilo de las mejores y más reconocidas bandas organizadas de criminales profesionales o a lo mejor y pese a esas fastuosas currículas, de simples malandros erróneamente diplomados por universidades, que acordaron sus tropelías y las ejecutaron con pleno conocimiento, perfectamente conscientes de los efectos individuales y colectivos, deseados, buscados y esperados.

Voluntariamente los ejecutaron, libres de coacción, de apremio y con estudiados, refinados y expresamente concebidos, medidos, registrados y certificados actos pretendidamente jurídicos en todos y cada uno de los pasos y de la sumatoria de sus desempeños criminales.

Definitivamente, hay que reconoce que “… Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez…” (Francisco de Quevedo) puesto que mucho mayor estima propia, mejor y de más reconocido valor personal y humano, tiene un diplomado o experto atracador de bancos o de transportes de valores y hasta el simple e iletrado asaltante de camino, quienes ponen en juego y arriesgan su propia integridad física y hasta su vida en cada lance.

Y es así

Como todo el llamado aparato de justicia de Venezuela integrado por esa caterva de diplomados y doctorados en Derecho; colegiados para poder ejercer; con trayectoria por sus enunciados años de servicios como profesionales; quienes banalizando el valor de su propia existencia y esfuerzo y por conservar cargos para el trivial disfrutar de los privilegios crematísticos derivados de sus posiciones –incluido el bono alimentario equivalente a cinco salarios mínimos–, echaron todo lo enunciado por la borda; dicho sea de paso, a lo cual, tienen absoluto derecho si ello fue su voluntad.

Si bien ocasionaron ese daño en particular a cada una de sus seleccionadas víctimas y familias destinatarias del escrito, también es verdad que, quizás por primera vez tengamos en Venezuela y a la mano los ciudadanos comunes, las evidencias materiales de esta trasposición de términos y sus efectos:

No es la Administración de Justicia que dicta en el cuerpo de leyes, en Venezuela se impuso con la justicia administrada en manos de criminales el camino y la vía de acción expedita hacia el dinero fácil.

Cierto, no queda otra que la reacción airada, la que hay que serenar y bien lo pautan unas conocidas líneas del Talmud: “… Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados…”

De degeneración se trata

Para resolver estos severos entuertos políticos que arrastra a la sociedad por décadas, no existe en Venezuela un mecanismo previsto que permita al ciudadano común una forma de reacción, tanto para enfrentar a los operadores del Crimen Organizado enseñoreados en los más altos niveles de la Administración, como para imponer una justicia independiente del avatar y de la voluntad de la política impuesta desde Miraflores.

No existe esa figura del Gran Jurado que permita escuchar y compendiar los señalamientos y que frente a unos hechos que configuren una causa probable, permita imponer al detentador del monopolio de la acción penal, FGR, la inapelable apertura e inicio de las investigaciones y la querella por ante tribunales, juicio y sentencia.

El mismo Ramón Eladio Aponte Aponte anuncia la anulación de tal posibilidad desde el momento en que en esta certificación del propio presidente de la Sala Penal del TSJ y autor de los desaguisados, establece que no existen:   “… Tribunales en verdad independientes, con jueces imparciales y en un país donde haya democracia verdadera y libertad…”

Es político el asunto

Porque los viejos mecanismos de agregado y que concitan intereses de colectivos, se abandonaron al laissez faire, laissez passer y así se diluye la sociedad política y cada ciudadano en particular, no reacciona con la pertinente contundencia y ello es el derivado directo, justamente, de ese, el más grave de los problemas que enfrenta la Venezuela de hoy.

El de orden político y desde el momento en que los mecanismos instaurados en el ordenamiento como Estado formal, permanecen anulados, en silencio, inactivos, ausentes y alejados de realidades de quien pretende ejercer ciudadanía.

Sumidos los estratos de dirección y operadores de cada mecanismo, en las teorías y en las rimbombantes citas al caletre de los grandes autores; pero eso sí, sin que en el tiempo y frente a estos hechos puntuales, hayan tenido y tengan expresión material sobre el terreno de los hechos; esos adormecidos mecanismos principales y secundarios, los que no han funcionado, ni funcionan, son los que han despojado a la sociedad de sus vínculos y a los ciudadanos de la sustancia de su ser hasta convertirlos en simples moradores de un territorio.

Inoperantes

No ha funcionado ni funciona una Asamblea Nacional, sumisa y que se niega a controlar el ejercicio del poder y a interpelar, demandar eficiencia e investigar cualquiera sea el desaguisado del inquilino de Miraflores y el propio a una depredadora dirigencia operando como banda en funciones de partido de gobierno.

No ha funcionado ni funciona el sistema de justicia, tema en comento; mas no ha funcionado ni funciona tampoco la Fiscalía General de la República, no ha funcionado ni funciona la Defensoría del Pueblo; ambas obsecuentes, sumisas y obedientes a la voz del amo de Miraflores.

Pero es que tampoco han funcionado ni funcionan el resto de los otros mecanismos intermedios destinados tanto al control social, sea el de los desempeños individuales y colectivos de las élites, del resto de los ciudadanos, como su directo derivado político en el insustituible celo debido para la selección, incorporación y el mantenimiento de unas rígidas pautas en capacidades, habilidades y desempeños profesionales y ciudadanos que, consecuencialmente e incorporados como operadores en el Estado, mantengan en funcionamiento esa maquinaria en los precisos términos establecidos por el ordenamiento jurídico: letra muerta.

Tampoco la llamada sociedad civil ha reaccionado con pertenencia; por ignorancia, desconocimiento o simple manipulación de interesados a su interior; no ha demandado jamás de uno y otro sean los representantes de los mecanismos principales e intermedios estatuidos, la satisfacción plena de sus deberes y obligaciones.

La sociedad civil, abrumada por uno tras otro escándalo; reacciona espasmódica frente a uno y otro sea el crimen; grita y demanda por una acción que aún prevista está sujeta a los intereses del organizado crimen, sea de una Fiscalía, de una Defensoría y de unos tribunales, absolutamente inoperantes como queda en los hechos; acongojada la sociedad civil abandona al poco tiempo; jamás se mantiene movilizada y en una acción sostenida hasta lograr objetivos precisos que ella misma no está en capacidad de precisar y de definir porque ello es justamente la parte y la responsabilidad de los mecanismos que no funcionan.

Una y otra vez, décadas tras décadas, se diluyen en la nada el esfuerzo de unos pocos; individualidades que se atreven a disentir públicamente.

¿Dónde están las Universidades?

Unas y otras sean las que, independiente sea de la modalidad que recibieron o se hicieron del diploma uno y otro de los miembro de esta organizada pandilla de criminales –acto académico, por secretaría, por cheque, por colchón o por tarjeta de Miraflores–, son los diplomas de licenciaturas, de especialidades, de maestrías y de doctorados que les han habilitados y calificado como miembros de una especializada élite profesional.

De hecho y en derecho, para el ciudadano común no experto en estas especializadas materias, esas habilidades y conductas profesionales de la caterva de sujetos referidos en el escrito de Ramón Eladio Aponte Aponte, han sido diseñadas, enseñadas, aprendidas, practicadas y refinadas en cada nuevo curso de especialización en los ámbitos y aulas universitarias y bajo la égida de una selecta plantilla de profesores universitarios.

De ser así, si son reales y válidos a plenitud de efectos esos diplomas universitarios expedidos y registrados que califican como profesionales universitarios a Ramón Eladio Aponte Aponte, Presidente de la Sala Penal del TSJ; al abogado de la Sala Penal, cuyo nombre no menciona, asistente de Ramón Eladio y redactor  de la sentencia de Casación; a Anabella Rodríguez, jueza del Juzgado 13 de Primera Instancia en Funciones de Control en Caracas; a Marjorie Calderón Guerrero del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, Maracay; a Fabiola Colmenares, Francisco Coggiola Medina y “Antonio” o Alejandro Perillo Silva de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; a Deyanira Nieves Bastidas, Héctor Manuel Coronado Flores y Miriam Morandy Mijares de la Sala  de  Casación Penal edel Tribunal Supremo de Justicia; a Luisa Ortega Díaz Fiscal General de la República; aHaifa El Aissami fiscal acusadora hoy Embajadora de Venezuela en Holanda.

Habrá que someter a revisión exhaustiva desde los procesos de selección e ingreso a las universidades en cuanto a la solidez en la formación ciudadana de los candidatos; pasando por la pensa de estudios, por los profesores titulares de cada cátedra y especialidades, por las modalidades de enseñanza y prácticas de campo y hasta por los exámenes y las calificaciones necesarias para el otorgamiento de esos diplomas universitarios básicos, de especialidades, de maestrías y de doctorados.

¿El Colegio de Abogados?

Ley de Abogados: Artículo 1º “… La profesión de abogado y su ejercicio se regirá por la presente Ley y su Reglamento, los reglamentos internos y el código de ética profesional que dictare la Federación de Colegios de Abogados…”

Artículo 33 “… Los Colegios de Abogados son corporaciones profesionales con personería jurídica y patrimonio propio, encargados de velar por el cumplimiento de las normas y principios de ética profesional de sus miembros y de defender los intereses de la abogacía… Tienen, además, la obligación de procurar que sus asociados se guarden entre sí el debido respeto y consideración, observen intachable conducta en todos sus actos públicos y privados y contribuyan a enaltecer la profesión de la abogacía y al mejoramiento de la doctrina, de la legislación y de la jurisprudencia nacionales…” (Gaceta Oficial Nº 1.08 Extraordinario 23 de enero de 1967)

Reglamento de la Ley Abogados: Artículo 61 “… Los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados conocerán de oficio, por denuncia o acusación de las infracciones a la Ley y al presente Reglamento. Cuando conozcan en virtud de denuncia el denunciante deberá ratificarla bajo juramento…” (Gaceta Oficial Nº 28.430, 25 de noviembre de 1967)

Luego de los precisos y graves señalamientos del ex magistrado y ex presidente de la Sala Penal del TSJ:

¿Puede el abogado Ramón Eladio Aponte Aponte y todos y cada uno de los miembros de la pandilla de citados colegas que le acompañaron en estos desaguisados, mantenerse incólumes en el ejercicio profesional sin reacción alguna y disfrutando groseramente de la impunidad?

Hasta el punto de que tampoco funcione el mecanismo de control social y profesional pautado por la norma y en manos del Colegio de Abogados que les agrupa y bajo cuyo registro y obligada adhesión ejercen la profesión.

¿Que la directiva de la Federación y Colegios de Abogados y los demás afiliados admitan mantenerse en silencio, romper de hecho y desconocer su propia razón de ser?

Finalmente: ¿Dónde la Academia?

Y tratándose como hemos visto de problemas antes que jurídicos de carácter eminentemente político y en función de sus atribuciones, ante este mayúsculo entuerto protagonizado al interior y por los miembros del más alto tribunal de la República, habrá que llamar a capítulo a la directiva y miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales estatuida por ley del 16 de junio de 1915, para que, al menos, de conformidad con lo pautado, intervenga en el desarrollo, estudie y coopere en el progreso y las mejoras en la legislación general y en las pautas para el funcionamiento de los mecanismos directos e indirectos, principales y auxiliares, de control social, para que podamos alguna vez iniciar los pasos hacia una sociedad de ciudadanos.

Conclusión

Siempre hemos sostenido que, mientras no se solucione el problema político y se acuerde entre los actores políticos la inquebrantable sujeción a las normas estatuidas, el problema jurídico ha sido y será secundario.

Hasta que, superado lo político, en ese terreno jurídico y partiendo del principio de que todo aquel que ocasiones un daño está obligado a resarcirlo, todos y cada uno de los funcionarios señalados en esta y otras situaciones, en escalada, sean por sus actos y desaguisados, sometidos primero, a los juicios administrativos, seguidos de los juicios penales derivados y que el Estado, demandado en daños, perjuicios, lucro cesante y toda la batería de recursos para resarcir los daños a las víctimas de esos crímenes, a la brevedad pague en dinero contante y sonante y luego, instaure los juicios civiles contra cada uno de los encausados y cumpla con la obligación de recuperar los montos pagados  por la vía de repetir contra cada funcionario autor y causante de los daños.

No es posible aceptar que los funcionarios causantes de estas tropelías y daños a particulares, independiente de sus diplomas y doctorados universitarios, no sólo nada arriesgan y puedan así, burlonamente disfrutar de los beneficios y más aún, que los mismos ciudadanos, víctimas o no, con sus impuestos, paguen además de los cinco salarios mínimos de sus extraordinarios bonos alimentarios, sus prestaciones, jubilaciones y pensiones de por vida.

Si pretendemos vivir en sociedad, no es posible que los ciudadanos continuemos inermes ante el poder del Crimen Organizado, instalado y enseñoreado en las propias salas de juicio y en las del más alto tribunal de la República.

“… La justicia es una máquina que se mueve por sí misma, en cuanto que se la acciona una vez…” (John Galsworthy, 1867-1933)

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