¿Quieren policías o prefieren bandas al servicio del régimen?

Supino fermento para la impunidad, la inseguridad y la violencia en Venezuela

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 040612

  • “… La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente…”

Francisco Ayala (1906-2009)

 

Ya en nota anterior, en presencia de las drásticas ambigüedades en ideas, conceptos, funciones, controles y efectos esperados, tratamos sobre la experiencia de los afamados expertos en policía y ahora necesariamente, deberemos abordar ese nada oculto ángulo de la muy particular experticia en sus antecedentes “profesionales”.

A tenor, frente a las conocidas realidades de no menos de cinco décadas continuadas y experimentadas a partir de la huida de Marcos Evangelista Pérez Jiménez el 23 de Enero de 1958, tomamos de nuevo como referencia los términos publicados en los “Lineamientos del Programa de Seguridad de Gobierno de Unidad Nacional en Materia de Seguridad Ciudadana”.

Es una presentación en 28 láminas, 46% para insistir y remachar lo ya suficientemente conocido, 46% para lo que titulan como propuestas y sin sorpresa alguna, nos encontramos con la misma invariable cantaleta derivada de las mismas sempiternas comisiones de alto nivel que en cada cambio, sea de gobierno, de régimen, de ministro, de gobernador o de jefe de policía que hemos, invariablemente, visto y escuchado.

Déjà vu

Quizás la única comisión que innovó sobre la materia en su momento, fue aquella de 1959 con la división del Código Penal en dos pedazos, los delitos comunes y los delitos políticos y para la cual se crearon dos entidades de policía con mandos autónomos, parieron trillizos y saltaron a la luz por primera vez en Venezuela los apellidos incorporados al vocablo policía: Policía de Seguridad de Estado, Policía Preventiva y Policía Represiva; Digepol, Metropolitana y PTJ.

Y así comenzó la nefasta, ineficiente e impertinente labor de tanto experto inexperto, los desde ayer y los de hoy; tarea siempre destinada casi en exclusivo, a articular un marco político–argumental para la subsistencia de la sempiterna y expresa evasión sobre las ideas, los conceptos y las funciones propias y muy precisas a las responsabilidades que en materia de seguridad ciudadana en Venezuela, debían y deben atender ministros, jefes de policías y sus cuadros de dirección y de la que nunca rindieron ni rinden cuenta.

Articulada evasión mantenida muy en especial, para salvar la cara de quienes al frente del Ministerio de Relaciones Interiores y sus circunstanciales pandillas de colaboradores distribuidas en todos y cada uno de los mandos superiores y medios en todos y cada uno de los órganos para la ejecución material de las medidas y operaciones de policía.

Mantener las investigaciones y responsabilidades criminales, exclusivamente en el ámbito de la jurisdicción penal, ha sido la cincuentenaria y hábil metodología para salvar y salvarse y así evitar los derivados colaterales de las investigaciones administrativas y políticas sobre quienes como directores y jefes, habilitan a sus subalternos cuando les entregan las armas, las municiones, granadas, credenciales, uniformes, patrullas, cuarteles, calabozos e información y además, la impunidad.

Eso que ya ha sido expresamente contemplado a partir del 01/07/2002 y en el rubro de las responsabilidades de los jefes y otros superiores en el texto del vigente Protocolo de Roma, artículo 28: la responsabilidad de los autores tras los autores.

Es así como han sabido capear ayer y hoy y en más de cinco décadas, los temporales emergidos de una opinión pública contestataria ante las explosiones criminales y jamás; entiéndase, jamás, ministro alguno o director de policía, han rendido ante el país y la comunidad cuenta alguna de los asesinatos de civiles derivados tanto de su ineficiencia como por los otros ilícitos y crímenes ejecutados por los subalternos bajo su dirección, mando y conducción.

Jamás Congreso alguno los ha interpelado; tribunal alguno los ha sentado en la silla de los acusados; comunidad civil alguna le ha demandado precisas respuestas y, por su parte, los medios y anclas de la comunicación, imagen, sonido y papel, han preferido mantenerse al margen en beneficio de la fluidez en lo que denominan sus fuentes de información de alto nivel policial.

El quid del asunto

Recordemos que el único jefe de policía que en Venezuela ha sido enfrentado a los derivados de sus decisiones e indecisiones, fue el gobernador Félix Galavis Figueroa por la masacre de civiles en la Plaza Bolívar el 14/02/1936.

De eso, justamente, de eso, rendir cuenta por el no uso, uso y mal uso de los recursos y capacidades de violencia del Estado en manos de la policía, es lo que se negocia y se articula entre esta cúpula de expertos en estas ya sempiternas famosas comisiones especiales de seguridad ciudadana.

Y así, por más de cinco décadas de policía en Venezuela, cualquier adulante incompetente y hasta delincuente, ha ejercido y ejerce como ministro y peor aún, como jefe de policía donde desde el mismo momento que asume, impone a la par de su arrogante vínculo y apoyo presidencial, su ignorancia y criminal incompetencia.

Una misma pusilánime conducta que siempre, en las primeras de cambio, queda en evidencia frente a los propios subalternos; fuere por algunos de sus cotidianos e histéricos viernes de reuniones de comando: “… este fin de semana quiero sangre…”.

Fuere en los puntuales actos de evasión o de simples expresiones de incompetencia, los que, paulatinamente acumulados uno sobre otros, a la larga, inevitable e indefectiblemente, transitan pesadamente de allí hacia la complicidad criminal con los grupos de afectos que se articulan a su amparo: los de El Pote, los gatos o los equipos de soft ball, por mencionar sólo tres.

Policías o bandas

Si bien es verdad que la política no se hace con seminaristas de una humanista cofradía a lo Madre Teresa de Calcuta, siempre se ha sostenido que la policía tampoco se hace ni se podrá hacer jamás, con niños de pecho.

Por ello, cuando a la cabeza de uno u otro órgano de policía, en el poder político y en las cofradías del partido de gobierno sólo se busca y coloca sin importar antecedentes, experiencia, trabajo, moral, ética y capacidades técnicas –y por sobre todo controladas piezas de un juego–, a uno de sus fieles, la consecuencia de los derivados ha quedado y quedará –por aquello de la responsabilidad, que no culpa, in eligendo– siempre en cabeza de quien y de quienes hicieron esa selección.

Ejemplos dramáticos sobran: Secuestro del menor León Taurel (1970); Asesinato de Ramón Carmona Vásquez (1978); Rafael Antonio “Macho” González y los Pozos de la Muerte (1985); Asesinato de Danilo Anderson (2004); el Secuestro y Asesinato de los hermanos John (17), Kevin (13) y Jason (12) Faddoul (2006)ñ asesinato de Karen Vanessa Berendique Betancourt (2012).

Y allí comenzó la dinámica de sociedad de cómplices

Y no les queda otra que seleccionar entre quienes tienen “los pulmones bien sucios” –en términos de policías, aquellos distinguidos hombre de corcho que se adornan tanto con antecedentes como con sus negras hojas de servicio, anquilosadas en sus habilidades y capacidades adulatorias– no sólo por mala praxis, sino antes por el contrario, por ser internamente conocidos como operadores directos o quizás, ubicados en el borde, en la periferia, de grupos internos activos en las muy diversas modalidades de negocios criminales, entre otros: protección, extorsión, estafas, secuestros, los que se suman los indispensables grupos para la eliminación física de supuestos delincuentes.

Tan simple o compleja como pueda parecer esa dinámica, determina el supino fermento de lo que vive hoy la comunidad de moradores asentada en Venezuela: la impunidad, la inseguridad y la violencia.

Entonces

Queda por tanto saber, si los factores de poder político tanto en sus programas como en sus desempeños de gobierno:

¿Quieren policías o prefieren seguir con bandas al servicio del régimen?

A cada quien con sus responsabilidades, se asumen las propias.

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