Expresa destrucción de la Capacidad Instalada de Policía (CIP)

En su fase final y desde 2008 entregada al Baath

Rafael Rivero Muñoz

Caracas, 27/03/12

La policía no ha sido, no es ni será corrupta, corrupto es el uso que de ella hace, el criminal como manto tapadera y modus operandi para la extensión, en el tiempo, de los dividendos líquidos de sus lucrativas felonías.

Resumen 

Se unen en los objetivos, todas y cada una de las dictaduras y dictadores conocidos en la historia occidental.

Hugo Rafael Chávez Frías como uno más entre ellos, decidió optar por el estilo y métodos de ese género de dictaduras propias a sociedades que aunque en apariencia modernas, están cimentadas aún sobre ancestrales esquemas tribales de relación política.

Así emergen como sus más conocidos y alabados socios en la política de la dictadura, entre otros asociados, los del mundo del Corán, Saddam Hussein, Irak; Muamar el Gadafi, Libia; Mahmud Ahmadineyad, Irán y Bashar Hafez al-Assad, Siria; a todos les une el mismo objetivo, la permanencia en el poder por el resto de sus vidas y del primero y del último de los citados, han sido tomados los métodos que les garantizarían a Hugo Rafael Chávez Frías esa permanencia en el poder, las fuerza de defensa y para el hostigamiento de la población civil y que definen como las Shabeeha, en castellano, los “Fantasmas”.

Y es así cómo en un proceso político sostenido, articulado, en ejecución a partir del año 1999 y haciendo uso expeditivo de la asentada deficiencias institucionales derivadas de la conjunción entre ese revolucionario constante y sostenido ataque contra la política y la tesis de los tantos intelectuales y expertos que desde los representantes de la electa o selecta dirigencia hasta los estamentos más bajos de la sociedad, juegan en el terreno del odio a la política y de la antipolítica y han admitido, así, la toma del control total de los cuerpos y órganos de ejecución material de la operaciones y medidas de policía, para destruir desde sus cimientos toda referencia técnica posible: tradición, información y métodos.

En ese creado ambiente eminentemente político, emergen entonces los geniales y genéticos expertos en seguridad pública, quienes sin mayor profundidad y sobre las cifras acumuladas de asesinatos, plantean como la solución, la despolitización del tema de la seguridad, la policía y la justicia. Es decir, despolitizar la política.

Mientras y en paralelo, una operación de gobierno eminentemente política ejecuta en un sentido, el de la eliminación de la Capacidad Instalada de Policía (CIP) y quienes estarían llamados a contener o al menos hacer público la gravedad del asunto, prefieren no confrontar y evadir el conflicto en una extraña conducta que si bien pareciera ser naif, en sus extremos se topa con el colaboracionismo desde el momento en que, deja libre el terreno para que el gobierno imponga los dos principales objetivos de esa particular decisión política: a) conservar y mantener a Hugo Rafael Chávez Frías en las posiciones de poder político y b) en la eventualidad de una salida del poder, fuere por elecciones o por incapacidad para mantenerse por los medios de fuerza, impedir toda posibilidad para futuras investigaciones criminales, la sustentación probatoria, juicios y las condenas derivadas.

Ese es el tema de la siguiente extensa nota, que debe comenzar por identificar a qué se refiere esa CIP y sobre qué se consolidó, pasando por el sin número de decisiones  que gobierno tras gobierno, ha tenido como resultado, deseado o no, severas consecuencias en los desempeños y capacidades institucionales de los órganos de policía en Venezuela.

Introducción

Trascendentes desempeños en el ámbito de la seguridad pública en Venezuela, han de ser abordados para poder entender y hacer entender, la complejidad de este tema eminentemente político pero que sin resistencia alguna, como en otras áreas, se ha articulado en el tiempo sobre las tres determinantes características de la política venezolana: la evasión, el menor esfuerzo y la no rendición de cuentas.

Hoy esa heredada dinámica de la seguridad pública ya a la deriva, de mano en mano como veremos a continuación, está en las de los representantes y operadores políticos, que no técnicos, con definidos intereses absolutamente ajenos a Venezuela y a los venezolanos.

De allí a la tolerada gravedad del asunto que, sin mayor profundidad, la expresan los publicitados expertos con simples cifras, entre 60 y 100 muertos por cada 100.000 habitantes; pero que para el habitante fijo o itinerante del territorio, se expresa en el más drástico y absoluto estado de indefensión, física para las víctimas y psíquica, para los aún potenciales y a la involuntaria espera de su puesto y turno en la zafra semanal.

Triángulo

El primero de los ámbitos, los propios a la evasión; la repetitiva propuesta para despolitizar la seguridad pública, la policía y la justicia, determinado por esa pretensión de algunos afamados –ya “cotidianizados” por los medios– voceros y expertos en distintas disciplinas académicas, que atiborrando con sus sesudas disquisiciones en los medios escritos y audiovisuales, imponen una propuesta: la despolitización.

Similar quizás a la deshidratación del agua o a la desalinización del mar; una ingeniería química que si bien posible fuere con las tecnologías modernas, no lo es así para la particular “química” de la política.

El segundo de los ámbitos, propio al menor esfuerzo, se concentra precisamente en el hecho indiscutible de que la política descansa sobre dos elementos propios a su prevista y natural dinámica, la polémica y la policía.

En términos gráficos se puede exponer, política en la cúspide, polémica y policía en la base de un triángulo equilátero.

Desde el momento en que inevitablemente, cuando se impide, limita o desaparece la polémica –heredad del sistema de conciliación de élites– como expresión de intercambio de ideas, conceptos, de objetivos y formas entre gobierno y gobernados tanto en la preparación como en la toma de decisiones para la construcción de la política, ésta, la política, transita hacia senderos absolutamente errados.

Sin polémica no le resta ni le queda para lo político, la política y los políticos, más que la policía, ese otro camino para imponerse por los medios de fuerza; de la violencia policial o criminal y su combinación, sea en sus extremos con el terrorismo de Estado, lo fuere de forma más sutil, pero no por ello menos brutal, con la latente amenaza en manos de su bazo ejecutor, la FGR y los jueces de la justicia administrada.

Es ese el terreno donde se ubica la principal y más dúctil pieza, la policía, de este juego apolítico donde radicalmente está ausente la polémica.

Esos dos elementos, evasión y menor esfuerzo, a su vez se dinamizan cuando su derivado y soporte es la tercera de las características, la ausencia de rendición de cuentas.

En una Venezuela del último siglo donde nadie pide cuentas, nadie rinde cuentas y todo se deja sin registro ni memoria; donde las famosas presentaciones de cuentas no pasan de ser esos tediosos cuentos a la espera y dentro de lo que algunos emulan como la “dulce espera” de un voto castigo, puesto que los políticos como los bomberos “no se pisan la manguera”.

Los políticos entrantes en gobierno, en nombre de la “conciliación” y de la paz evitan por todos los medios someter a los salientes al escrutinio de sus conductas por ante tribunales, en el entendido que lo mismos será a la hora de su salida del gobierno.

La letra muerta

Venezuela registra un total de 36 instrumentos fundacionales o sus equivalentes entre 1811 y 1999: 24 Constituciones, 5 Decretos, 2 Enmiendas, 2 Actas, 1 Acuerdo, 1 Reforma y 1 régimen Provisional; tres o cinco poderes sobre el papel, pero como letra muerta en los efectos; como expresión material de la política y como derivado de ello, el summun malum:

La inseguridad ha sido, es y será el efecto más directo y palpable que ha tenido y tiene para una sociedad y sus asociados –objetos, beneficiarios y víctimas–  la dinámica de esa heredada política venezolana sin polémica; puesto que sea una u otra la élite en el poder, el no asumir, respetar y hacer respetar compromisos y mantener su vigencia con el esfuerzo sostenido en el tiempo y para poder rendir pormenorizada cuenta periódica.

Una seguridad que no ha podido, no puede ni podrá existir jamás en el vacío; un vacío que sólo sería  posible mantener en condiciones de laboratorio.

Despolitizar

En su comunicado del 24/06/2011 el Frente Nacional de Abogados de Venezuela bajo la firma de 24 profesionales del derecho, introduciendo en su primer párrafo el asunto de la Cárcel de El Rodeo I y II y la crisis penitenciaria, propone en su aparte cuatro como indispensable: “… Despolitizar, depurar y profesionalizar a la Guardia Nacional, el CICPC, la Policía Nacional y todo el sistema judicial…”

Por su parte, en foros y reuniones técnicas resulta repetitivo el ambiguo término despolitizar en boca de uno y otro reconocido experto que se pronuncia, sea desde la bancada del gobierno, lo fuere desde la oposición o de expresiones de la sociedad civil; a tenor, titulares y noticias en los medios:

“… Expertos plantearon sus mejores ideas para solucionar temas críticos como la seguridad ciudadana y la violación de derechos humanos…

… Despolitizar el tema de la seguridad en Venezuela, disminuir los homicidios, cambiar el actual sistema penitenciario, fortalecer la investigación criminal y depurar los cuerpos policiales son algunas de las sugerencias que hicieron los asesores de seguridad de los candidatos a las primarias…” (El Nacional Thábata Molina, Angélica Lugo, 08/02/12, /8).

“… Despolitizaré a la Fuerza Armada como su nuevo Comandante en Jefe…” alegaría uno de los candidatos en su discurso de campaña en las primarias (El Universal 16/12/11)

Entonces

Si los titulados, estudiosos venezolanos y expertos en esos clásicos de la cultura occidental, que para reforzar sus planteamientos acuden con frecuencia a las citas de Sócrates, Platón y Aristóteles y de allí en adelante a cuanto autor, texto y líder mundial se nos pueda ocurrir, e insisten con vehemencia en el término despolitizar, tendremos entonces que hurgar en el término, al menos, como orientación para neófitos y antes de asumir el riesgo de desarrollar algunos determinantes pasajes de este tema de la seguridad pública en Venezuela.

Pueda ser que estemos totalmente errados y aceptamos que la sola experiencia sobre el terreno de las realidades y su acotación periódica como ayuda memoria, poca o ninguna trascendencia tenga para los afanados intelectuales de la seguridad pública, sin experiencia alguna de primera mano.

Claro queda

Si aceptamos que el término despolitizar significa en el lenguaje común conocido, restar o perder el contenido político y quitar o sacar del contexto político un asunto, una reunión, un tema, un grupo, una persona, la propuestas de los expertos en seguridad nos revelaría en primer término, una pretensión de apoliticismo cuando en su realidad, otro de los clásicos que tanto citan afirmó, ese despolitizar es la más política de todas las posiciones (Carl Schmitt); un vano y absurdo intento de despolitizar lo que por esencia es un proceso de decisiones políticas fundamentales (Eduardo Jorge Prats)

Así como la política no se hace con émulos de la madre Teresa de Calcuta, tampoco la policía se ha hecho, se hace ni se hará jamás con niños de pecho; el problema para una y otra actividad, está en  asumir los riesgos, emplearse a fondo en el conocimiento y tratamiento, en la rendición de cuentas; pero por sobre ello, en la articulación y en el ejercicio pleno de los controles, antes que técnicos, eminentemente políticos.

Afirmó en su momento Casamayor[i]: “… nadie está interesado en cambiar la maquinaria de la cual se ha de servir una vez que llegue al poder…”.

En esos promotores del apoliticismo en la seguridad pública, el objetivo se orienta a sacar y mantener fuera de la agenda pública, el problema de la seguridad y así, sin debate, discusión, resistencia u oposición, se benefician directa y principalmente tanto los detentores del poder de un particular momento, como se alimentan en las formas de evadir, las posibilidades de impedir la controversia pública en el eventual caso del ascenso personal a posiciones de poder político de uno u otro sea el experto.

Así se abandona lo político y el discurso es legalista, tanto para aislar así la ley del ciudadano, como del gobierno y del Estado y en el irrefutable entendido de que quien está capacitado, obligado y llamado a cumplir  y hacer cumplir la ley, es el gobierno como detentador del poder del Estado y eso ha sido, es y será política.

Comentaría otro de los estudiosos, Stephen Mauzy: “… Las instituciones más fuertes, si se ignoran y se niegan, finalmente se derrumban…”.

Queda en los hechos consolidado, la institución policía –a la par de muchas otras–, si alguna vez existió, está derrumbada como producto y efecto de una justicia administrada y eso, también es política.

Allí está el derrumbe de la idea, del concepto y de la función de la policía en este sistema de acción perverso con el cual se inciviliza a la comunidad para que por esa vía, acepten –y de hecho lo han aceptado– esa severa limitación de opciones y reducirlas a un simple y populachero :“… esto es lo que hay…”.

En esa propuesta de supuesto odio a la política, lo que se promueve es el desinterés, la apatía, la anomia frente a los asuntos públicos y el inevitable derivado en el laissez faire, laissez passer.

Despolitización, ambigüedad, imprecisión en definitiva, viene a adquirir entonces un tinte de acuerdo tácito, de colaboracionismo oportunista y tiene a la larga como objetivo, que no sea posible responsabilizar al gobierno; que si bien hoy sea la propuesta desde la oposición, mañana lo será desde las posiciones de poder; eso también es política.

Y descontextualizar los hechos de un hacer y de un dejar de hacer criminal de gobierno, con aval y apoyo de una oposición, en definitiva, salvo prueba en contrario, sería el objetivo de la despolitización recomendada y ejemplarizaremos cómo, por qué y para qué y eso también es política.

La política como modus operandi

Quizás el mejor ejemplo de un felón y de la imposición de las felonías como política, sea precisamente esa conducta del ídolo más conocido y citado en la izquierda latinoamericana, Fidel Alejandro Castro Ruz, quien de pandillero en su época de universitario (1945), pasó a empleado o contratista del Crimen Organizado norteamericano (1945), luego a ser un “providencial” y delegado observador en el asesinato de José Eliezer Gaitán Ayala (09/04/1948) en Bogotá; después a líder de una pretendida revolución ya con más de cinco décadas de instalada en Cuba (01/01/1959) y la que trataría de exportar como uno de los más grandes gestores genocidas e interventor en las políticas internas de varios países africanos (Angola, Etiopía, Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Zimbawe, Uganda) y latinoamericanos, Venezuela en especial y en aquel momento y en paralelo, al desempeño como el socio más efectivo de los capos colombianos, Pablo Escobar Gaviria en su consolidado boom del tráfico de cocaína.

A ese gran felón y criminal, Fidel Castro Ruz, todavía la campaña publicitaria lo alimenta y existen quienes pretendan ocultar ese preciso ámbito de su acción criminal y asumirla y definirla como acción política latinoamericana.

Desambiguación

Observando ese ejemplo de un felón y de sus felonías, desde la década de los cuarenta del siglo pasado hasta ser apartado del poder en Cuba en el 2006, queda suficientemente deslindado el punto y claro desde esta perspectiva, que una cosa es la política y otro lo es el uso de la política como manto o cubierta para imponer la dinámica de un modus operandi criminal.

A muchos sino todos estos expertos –algunos geniales otros genéticos–, les une una característica en común: no tiene la más mínima idea de lo que es y para que es la policía, la tarea de la policial y la razón de ser de la policía.

Sus opiniones están centradas exclusivamente en los efectos, jamás en el ámbito preciso de tan compleja tarea, que si bien son serias a nivel de ejecutorias individualizadas, más severas son las deficiencias cuando comenzamos a transitar por la escalera de mando y conducción, puesto que, es allí donde verdaderamente está lo más complejo del problema y lo que marca y determina esos “expertos” análisis de resultados.

Zapatero a tus zapatos

Sobre ese ámbito de la administración, mando y conducción de la policía, jamás en más cincuenta años de experiencia sobre el terreno, ha sido posible establecer un diálogo o un intercambio de ideas con estos inexpertos peritos de la política, del derecho constitucional y penal, de la sociología, de la psicología social, de la criminología crítica o de cualquiera otra fuera el diploma o una de las disciplinas universitarias.

Desempeños intelectuales donde la tarea y los hombres en la tarea no han sido jamás las verdaderas determinantes del problema y los términos en consideración; antes por el contrario, ha sido y son los criterios, ideas, especulaciones o lucubraciones de cada modalidad de conocimiento diplomado o disciplina universitaria, la que en definitiva alegran el oído político y al son de la publicidad, imponen supuestas reformas, reestructuraciones o sus variantes  en el conocido “quítate tu para ponerme yo”.

Desde el año 1936 con el primer decreto que crea la Escuela de Formación para Agentes de Seguridad Pública, con el ulterior decreto orgánico que crea y organiza el Sistema Nacional de Seguridad adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores con sus tres organismos: Oficina de Investigación Nacional, Identificación de Extranjeros y Guardia Nacional, la Policía Nacional de aquel momento.

La presión militar del Ministerio de Guerra y Marina se impone por sobre lo civil y la Guardia Nacional es extraída del mundo civil y adscrita como un servicio de ese ministerio y regida por la Ley Orgánica del Ejército y el Código de Justicia Militar.

A partir de aquel momento en adelante, la policía como órgano del poder público, comienza a ser del interés de una cierta forma de hacer la política; luego del golpe de 1945, en el trienio, la policía de investigación criminal entra en su primer cambio de nombre que suelen denominar reforma, es denominada, Seguridad Nacional; en 1958, entra a jugar en la política policial un apellido y distinguen la preventiva de la represiva y es ese segundo término del cual lo político, la política y los políticos tratan de deslindarse; en la última reforma un incompetente profesional del derecho concibe la idea de que agregar la palabra científica en la denominación del organismo, algún día la hará científica y así, la reforma policial del momento (20/02/2001), al mismo equipo de hombres, edificaciones, métodos y desempeños, le atapuza el rimbombante nombre de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC), ya el idiotizado profesional logró un objetivo, el título de fundador de algo.

Mas ese proceso de deslindamiento y ulterior acostumbramiento en la ambigüedad en materia de seguridad pública, especialmente en policía, aunque muchos “expertos modernos” ex profeso lo ignoren, tiene un origen también político.

Comenzó cuando la natural exigencia de responsabilidades se impuso y el Ejecutivo tomó la decisión con la destitución, encarcelamiento, juicio y expropiación de bienes personales contra el gobernador Félix Galavís Figueroa y como derivado de las órdenes emitidas por éste y que estuvieron al origen de la matanza de civiles desarmados en la Plaza Bolívar de Caracas, el 14/02/1936.

Privilegio e impunidad

Ese es el único caso que se registra en toda historia policial venezolana; único, donde un responsable político y comandante de la fuerza pública, fue llamado a responder por los actos derivados de sus decisiones.

Nótese la vital trascendencia de tal decisión política de aquel momento y que hábilmente el estamento político y los selectos e incondicionales jefes de policía en adelante han sabido, con certeza, evadir en los subsiguientes setenta y seis años.

Trátese del asesinato de Ramón Carmona Vásquez (1978) –y si Manuel Molina Gásperi fue a la cárcel, no hubo sentencia condenatoria por el crimen y sólo fue una medida extrema política, de limitados efectos, para silenciar a la activa viuda–; de los Pozos de la Muerte (Zulia 1985); de los asesinatos en serie llamados masacres, Yumare, Cantaura (1986), El Amparo y Los Amparitos (Apure 1988); trátese del abandono del comando de la Policía Metropolitana por el cuerpo de oficiales generales y superiores de la Guardia Nacional en los inicios de los desórdenes públicos y del ulterior impacto mediático sobre la población y los interesados en el alzamiento civil del momento, cuando un ministro del Interior, en pantalla de TV y en cadena nacional inicia su mensaje oficial sobre los hechos en curso en el 27F y se derrumba sobre el plató (1989); trátese del secuestro y asesinato de los  hermanos Faddoul (2006); del más reciente asesinato de Karen Vanessa Berendique Betancourt.

En todos esos pocos casos referidos, en la investigación o lo que llaman los políticos de turno la investigación criminal, se cuidó bien de atender exclusivamente las responsabilidades penales evitando su extensión y daños colaterales y manteniéndolas a toda costa y costo al más bajo nivel de la línea jerárquica de mando y conducción de una u otra fuere la policía, la administración o el gobierno.

En uno u otro caso, jamás ha habido investigaciones en el ámbito de los desempeños y responsabilidades de una línea de mando y de conducción de un cuerpo armado, uniformado o no.

“El colmo de la miseria”

Y precisamente esa, la dirección y el cuerpo de oficiales superiores donde radican las responsabilidades políticas de los órganos de ejecución material de las medidas y operaciones de policía;  han sido, son y serán a todos los efectos, los responsables directos por los desempeños de los subordinados, eso en administración moderna de cuerpos armados.

A menos que, estemos en presencia de una desconocida modalidad de administración pública donde ello no sea de esa forma; en cuyo caso, al romper con todos los cánones y normas vigentes, no podremos admitir se trata de una administración sino de la expresión del hacer de cada funcionario sobre el terreno de los hechos y deja de ser la ejecución material de la voluntad administrativa, para mantener un carácter de voluntad privada en cuyo caso, se admite, la responsabilidad de todo orden está en cabeza del ejecutor y de nadie más; aún cuando otros son los que aportan oportunidades, capacidades y motivos para la comisión de ilícitos.

Pero aún así, el caso de las quejas y demandas de las víctimas y sus deudos, entraría, por una parte en los supuestos determinados por el Estatuto de Roma en cuanto a las responsabilidades penales de los jefes, por la otra en el terreno de tratamiento de las responsabilidades extracontractuales.

Responsabilidad ineludible, desde el momento en que son esos administradores quienes deciden dotación, el equipamiento, las formas de proceder y, especialmente, autorizan y entregan equipos letales, armas de alto poder y de elevada disponibilidad y capacidad individual de fuego, fusiles incluidos, uniformes, chalecos, pasamontañas, comunicaciones, patrullas, camiones, camionetas, motos; todo, para su despliegue y uso bélico, en zafarrancho de combate indiscriminado, sobre áreas pobladas y contra civiles desarmados.

A tenor, jamás en Venezuela ha podido ser llevado adelante un juicio por resarcimiento de daños ocasionados por los desaguisados de los subalternos y cuadros de mando de los cuerpos armados, sean civiles o militares; la misma citada viuda de Carmona en el asesinato de su conyugue, fue directamente frenada y severamente limitada en su pretensión de resarcimiento de daños, justamente, por el tribunal más alto de la República, hoy TSJ.

Y ese es el verdadero objetivo que persiguen estos expertos en seguridad pública, dejar y mantener las responsabilidades, exclusivamente a los más bajos niveles de las organizaciones policiales, en función de los intereses políticos y los propios; allí está el secreto de su sabiduría, se venden como solución pero no están dispuestos a asumir los riesgos, menos a aplicar el esfuerzo necesario y mucho menos rendir cuentas.

53 años de trascendentes decisiones en seguridad pública

Política, la decisión del primer gobierno democrático electo, Rómulo Betancourt, quien visitado (1959) por Fidel Castro Ruz y rechazada la propuesta “revolucionaria” de éste, fuera luego seriamente atacado su gobierno por múltiples flancos civiles y militares  en los siguientes y luego extendidos 15.000 días de guerra no declarada.

Política la decisión del Ministro de Relaciones Interiores de aquel momento, Carlos Andrés Pérez, para mantener activo como funcionario y como su hombre de confianza, asistente y jefe de seguridad, al natural de Cuba Orlando García Vásquez, sujeto que posteriormente, es el inicio de la historia del hoy revolucionario, sería captado y doblado como fuente y agente por el G2 de Cuba.

Política la decisión del gobierno central, Carlos Andrés Pérez, para beneficiar a Cuba, al silenciar el intríngulis del DC8, vuelo 455 de Cubana de Aviación (06/10/76 Caracas, Trinidad, Barbados, La Habana); cuando quedó suficientemente establecido que fue una operación orquestada por el jefe de seguridad en Miraflores Orlando García Vásquez, el agente infiltrado de Fidel Castro Ruz quien bajo instrucciones de éste y para neutralizar a Orlando Bosh Ávila: traerlo a Venezuela, montar la operación con Luis Posada Carriles y sus dos empleados Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo para que la bomba sembrada en el DC8 estallara con la nave ya en tierra en el aeropuerto de La Habana, pero, el retrazo de los 30 minutos en el despegue de Trinidad, al detonar la espoleta de tiempo en un vuelo a altura de crucero produjo la violenta despresurización de la nave y la muerte de los 76 pasajeros y tripulantes.

Política, la decisión (1959) del primer gobierno de Rafael Caldera Rodríguez, quien una vez ganador de las elecciones, lleva adelante el inicio de negociaciones con los naturales cubanos, por órgano de Remberto Uzcátegui Bruzual desde la Oficina de Asuntos Especiales del MRI y que todos los cubanos que estaban en nómina de los cuerpos de seguridad –que le debían el favor del cargo y las prebendas a Orlando García Vásquez–, se les mantuvieran los privilegios de sueldos, bases, armas, comunicaciones y vehículos, a cambio de no ejecutar actos de ataque contra los intereses venezolanos, dentro y fuera de sus fronteras; esa es la otra parte y el aporte para la historia de esta guerra.

Política la decisión de forzar extremos y traer para Venezuela, la investigación y juicio en la voladura del vuelo 455 de Cubana de Aviación, la ulterior fuga y el silencio de Luis Clemente Faustino Posada Carriles; quien luego en Centro América, en la operación Cocaína/Armas de Oliver North, articularía recursos para la colocación de cámara en el avión de Hensefus, la foto del general Arnaldo Ochoa Sánchez al lado de la cocaína y le brindaría así a Fidel Castro Ruz, el soporte “técnico” para la parodia de juicio y el ulterior fusilamiento de los seleccionados implicados; entre otros de quien en ese momento ya le hacía sombra a su liderazgo, Arnoldo García Sánchez.

Política la decisión del gobierno central destinada a silenciar por completo la sociedad y actividad comercial privada del terrorista Luis Clemente Faustino Posada Carriles con el ex directivo de la policía de investigación criminal y de seguridad de Estado, José Gabriel Lugo Lugo; desde las mismas instalaciones físicas de sus oficinas y sus canales de comunicación en Las Palmas Caracas, se organizó todo el entramado caso de la voladura del avión de Cubana de Aviación.

Política la decisión (1985) del gobierno central, Jaime Lusinchi, por órgano del gobernador del Zulia Omar Enrique Barboza Gutiérrez y en contubernio con el expresamente seleccionado y nombrado juez de la causa Iván Rincón Urdaneta, para destruir todas las evidencias sobre desaparecidos y asesinados y para, primero vaciar concreto en la boca y el tubo del aljibe en La Cañada, citado por los medios como “Pozos de la Muerte”, de donde para el momento de esa particular ejecutoria, ya se habían extraído varios cadáveres y partes de otros estaban en proceso de recuperación y luego, para pasar un tractor por toda el área física circundante, derribando y reduciendo a polvo la pared que era usada por funcionarios adscritos a cuerpos locales y nacionales, para los fusilamientos de civiles desarmados.

Política, la decisión (1997) del gobierno central, Rafael Caldera Rodríguez, por órgano del Ministerio de Relaciones Interiores en manos del constitucionalista José Guillermo Andueza y de su jefe de Identificación y Extranjería, la politólogo Delia Da Silva, para la concepción, preparación, planificación, toma de decisión, licitación e inicio de los programas del plan para reformar todo el sistema centralizado para la  identificación ciudadana de los habitantes fijos y en tránsito en el territorio venezolano y transformarlo en un súper Archivo Criminal; considerando de hecho y contra derecho, a todos y cada uno de los habitante, no como ciudadano sino como sospechosos.

Política, la decisión (2000) del gobierno central, Hugo Rafael Chávez Frías, por órgano del Ministerio de Relaciones Interiores, en manos de Luís Alfonso Dávila, para reactivar el proyecto Andueza/Da Silva  y emitir una licitación pública bajo el titulo “Licitación N° MIJ-00-09-01 ‘Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano”. Nótese “control ciudadano”

Política, la decisión (2002) del gobierno central de invertir fondos públicos en el acondicionamiento de las instalaciones físicas de la antigua base de espionaje soviética en La Habana, para fundar un Centro de Control Ciudadano para Venezuela en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) cuyo enlace directo y permanente,  objeto de otra decisión política y financiamiento público, por el Cable Óptico Venezuela/Cuba.

Política la decisión (2002 en adelante) del gobierno central, Hugo Rafael Chávez Frías, de distribuir armas y municiones y permitir el equipamiento bélico autónomo de los grupos civiles organizados como defensores de la revolución, entre otros, los más conocidos: FBL, Tupamaros, La Piedrita, Alexis Vive.

Política, la decisión del Ejecutivo (2008) de poner en manos de representantes del partido Baath en Venezuela[ii], la dirección y manejo de toda la estructura de seguridad pública que ya con la Conarepol había sido suficientemente escudriñada; así los más conocidos y publicitados personajes vinculados al Baath asumen el control.

Política la designación como Ministro de Relaciones Interiores, del representante en Venezuela de los intereses del partido Baath, Tarek Zaidan El Aissami Maddah y como derivado, Director General de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada del ministerio, Haitam Sabeck; de su hermano Feraz El Aissami vinculado a la red de suministros de insumos a las cárceles en todo el país; como rectora de la UNES a Soraya El Ackar; como fiscal de Ministerio Público, Haifa El Aissami Maddah.

Política la decisión de asignar a Haifa El Aissami Maddah, la tarea y articular mediante manipulación de jueces, la publicitada condena de los comisarios (Forero, Vivas y Simonovis); la acusadora una vez cumplida con precisión la tarea, es rápidamente sacada del país, nombrada Embajadora en Holanda; por cierto, donde periódicamente recibe como valija diplomática, grandes maletas que, recogidas por los subalternos en el aeropuerto internacional, son llevadas directamente a la casa de habitación de Haifa El Aissami Maddah y no a la sede de la Embajada de Venezuela.

Político fue el discurso del jefe de esa pandilla del Baath (2009), Tarek Zaidan El Aissami Maddah, tocado con la kukjah o kuffijeh a la usanza de fedai o fidai (en árabe, فدائي pl. فدائيين ; fidā’ī, pl. fidā’iyyīn, anunciando públicamente sus objetivos en el desempeño del cargo: “… Más allá de mi misión como ministro, soy también hijo de árabe, soy palestino, soy iraquí y somos hoy día la fuerza de resistencia… nuestra revolución también es una revolución que lucha por una Palestina libre y aquí estamos dispuestos todos a ofrecer nuestras vidas, si es necesario… hoy la dignidad que enarbola la revolución bolivariana es la misma que se levanta en Palestina frente al genocidio israelí…” (RNV; 6 de Enero, 09:52 PM)

Política, la decisión (2011) del gobierno central por órganos del Ministerio de Relaciones Interiores para dar continuidad sobre lo ya avanzado en el Proyecto de Control Ciudadano con la conversión del sistema de identificación venezolano y relanzar el programa ya en las exclusivas y excluyentes manos de los cubanos y para entregar en físico a la UCI de La Habana, el ulterior derivado total control de los registros y del manejo de todas las Bases de Datos de Identificación, Registro Público, Notarías, Impuestos, Movimientos Bancarios y Financieros de los venezolanos.

Política es, la expresa obra del Baath con la eliminación de la tradición, la información y el método de la policía de investigación criminal, sostenidamente llevado adelante, entre otras, con las jubilaciones forzadas: “… Jubilaron a 200 comisarios generales y jefes del Cicpc… La amenaza del ministro de Relaciones Interiores, Tareck el Aissami, comenzó a concretarse: está sacudiendo la estructura del Cicpc. El jueves fueron jubilados 200 funcionarios de la policía científica, entre comisarios generales y comisarios jefes. De esta manera, el cuerpo de seguridad se quedó de un día para otro sin el conocimiento y la experiencia del personal de más trayectoria…”  (El Nacional 24/09/2011)

Política, la decisión (2012) del gobierno central en materia de Seguridad Ciudadana e Investigación Criminal, de sustraer absolutamente del control físico de la Policía de Investigación Criminal, todos los sistemas de registro y de manejo de la información policial, conocido como Archivo Criminal, para hacer entrega física del manejo diario de entradas, salidas, asientos, actualizaciones y el control exclusivo de accesos a personal de nacionalidad cubana y destacado a las tareas en misión in situ, por la UCI de La Habana.

Política la decisión (2012) de entregar vehículos, camionetas, camiones y motos al CICPC de Maracaibo, por instrucciones de Tarek Zaidan El Aissami Maddah y en viaje expreso del vice ministro del Interior Néstor Luis Reverol Torres, instruir al personal para la realización de operaciones que demuestren que están trabajando y que denominó “un día un detenido”; en una de esas primeras operaciones, precisamente, es baleada la camioneta del consulado de Chile y muere Karen Vanessa Berendique Betancourt.

Política es la decisión de Tarek Zaidan El Aissami Maddah que culmina definitivamente con la destrucción absoluta del cuerpo de investigación criminal: “… El ministro de Interior, Tareck El Aissami, aseguró este viernes que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas será sometido en las próximas horas a un “proceso radical” de refundación…”  (23/03/12 Unión Radio)

Shabeeha[iii] en la política del día siguiente

Pero quizás de las decisiones políticas en seguridad pública bajo la dirección de Tarek Zaidan El Aissami Maddah, como brazo ejecutor y de mayor trascendencia, son aquellas que recibiendo el apoyo de la experiencia y la práctica sobre comunidades tribales, son concebidas y adelantadas en función de mantener por cualquiera sea el medio, a Hugo Rafael Chávez Frías en la presidencia y como la indispensable “Cabeza de Playa” del islám en Latinoamérica.

Si bien como hemos suficientemente documentado en las referencias fechadas, los órganos de policía en esta llamada revolución, han sido paulatinamente eliminados en cuanto a su capacidad instalada, falso que esa incapacidad inducida, haya desarmado la capacidad de fuego del gobierno, antes por el contrario, anulando las capacidades instaladas de la policía, se ha abierto a la acción y se facilita, un desconocido campo de acción política en la Venezuela de hoy con la aplicación de medios de fuerza habilitados  como parte de una expeditiva garantía para la permanencia en el tiempo del régimen.

Las recientes experiencias conocidas, en Irak donde la versión de las Shabeeha operaron a sus anchas contra la población civil desarmada; en el Egipto de Mubarak en su versión conocida como Balataija, en la Libia de Gadaffi como las Zenga; la Siria de Bashir al-Assad hijo del ex presidente Hafez Al-Assad, las Shabeeha incluyen no sólo bandas de delincuentes de cada localidad, sino también a los miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia sirias vestidos de civil, informantes y los jóvenes desempleados y empobrecidos.

Es política

La versión venezolana de las Shabeeha los “Fantasmas” tienen nombres oficiales, aparte de las ya conocidas y publicitadas bandas armadas, como Tupamaros, La Piedrita, Alexis Vives, las FBL bajo el control operacional de Ramón Emilio Rodríguez Chacín, la encontramos referida en la última Memoria y Cuenta del Ministerio de la Defensa donde se destaca “… el Plan de Entrenamiento y Maniobras Militares, para 1.500 milicianos, en ideología y táctica, cuyo adiestramiento consistió en destrezas que forme al individuo como combatiente… la formación y organización de los cuerpos de combatientes de varias dependencias: Corpoelec, Pdvsa, Cantv, CVG y Automercado Bicentenario, y de los ministerios de Ambiente, Deporte, Alimentación, Comunicación e Información, Energía y Petróleo, Relaciones Exteriores, Pueblos Indígenas, Salud, Industrias Básicas y Minería, Agricultura y Tierra, Educación y Transporte y Comunicaciones…” (El Nacional 23/03/12)

Así, queda en los propios hechos oficialmente difundido en los medios; los objetivos bélicos de los “Fantasmas”, es la población civil disidente: “… 2011, se efectuaron 220 operaciones militares, a través de acciones de inteligencia y contrainteligencia, con las cuales se evitaron situaciones de alteración del orden público que van en detrimento del poder legalmente constituido…”

Conclusión

Mientras los que se dicen, publicitan y son cotidianizados por los medios como expertos en seguridad pública elucubran sobre los detalles de temas que, al parecer y como hemos sustentado ignoran; temas de los que prefieren mantenerse al margen y no profundizar dado los riesgos profesionales y físicos inherentes; pero que, adquieren un falso y operante sentido técnico dada la crasa ignorancia derivada de la ausencia de polémica e interés en estos pedestres asuntos en sus asesorados políticos; mientras ello ocurre, la verdadera política del poder por el poder, asienta y consolida sus capacidades bélicas de acción contra la población civil desarmada.

Así hoy expeditiva e impunemente, el programa para la destrucción de toda la Capacidad Instalada Policial acumulada en setenta dos años de continuada experiencia sobre el terreno, es lanzada por la borda, destruida, aniquilada y en su fase final, ya a partir del 2008, en la obra del “muchachos de mandado” en la vieja jerga, las simples marionetas de los intereses ajenos a Venezuela y puesta en manos de herederos de las conocidas capacidades políticas de dictadores en Irak y Siria y del partido socialista árabe Baath para culminar en una adaptada versión venezolana de las Shabeeha iraquíes o sirias, los “Fantasmas”.

Eso a pesar de la irresponsabilidad de uno u otro sean los continuos petitorios de despolitización en boca de los intelectuales y expertos diplomados en derecho, en sociología, en sicología social o en cualquiera otra disciplina universitaria, es la materialidad de la política del poder por el poder en el apuntalamiento y garantía de continuidad; objetivo común a Sadam Hussein y El Assad y ello, en manos de esta llamada revolución o Socialismo del Siglo XXI de Hugo Rafael Chávez Frías y sus huestes.

Recordando al gallego  Ramón María del Valle-Inclán en la tertulia organizada en 1904 en el Nuevo Café de Levante, con la flor y nata de los intelectuales de la generación de 1898 y con esos marcadores ancestros de la península, bien pudiésemos aceptar como válida para las asesorías de hoy en materia de seguridad pública, la sorpresiva aseveración del vasco  Pío Baroja, para aplicarla en una Venezuela donde operan a su libre albedrío en una y otra especialidad: 1) Los que no saben; 2) los que no quieren saber; 3) los que odian el saber; 4) los que sufren por no saber; 5) los que aparentan que saben; 6) los que triunfan sin saber, y 7) los que viven gracias a que los demás no saben.

Y es en esta última donde encontramos quienes se llaman a sí mismos “políticos” y a veces “intelectuales”; con razón tenemos ahora esos diplomados universitarios que llaman “Médicos Integrales’; no estamos al cabo de saber si eso de integrales, aplica para otras disciplinas universitarias.


[i] Seudónimo literario de Serge Fuster “Conseiller à la Cour d’appel de Paris” durante los eventos del affaire Mehdi Ben Barka, en Paris, Francia,1965

[ii] Tarek Zaidan El Aissami Maddah, hijo de Carlos Aissami jefe de la sección venezolana del partido político Baath, Partido del Renacimiento Árabe Socialista, Baaz también transcrito como Baath o Ba’ath  renacimiento, en árabe: حزب البعث العربي الاشتراكي Hizb Al-Baath Al-Arabi Al-Ishtiraki, que fuera fundado en 1947 en Irak por su tío abuelo Shibli el-Aissami, ideólogo reconocido asistente al Secretario General del partido en Bagdad durante el régimen de Saddam Hussein.

[iii] Shabeeha, también deletreado Shabiha o Shabbiha ( árabe : الشبيحة palabra de la raíz árabe : شبح que significa “fantasma”). En el caso sirio, el más conocido, son grupos de fuerzas paramilitares de origen alauí, agentes no oficiales del régimen de Al Assad en Siria; son hombres armados leales a Assad, bandas de criminales integrada por matones y delincuentes afines al régimen dictatorial; fundado por los sobrinos del difunto presidente sirio Hafez Assad (Fawaz, Numir, Munther, Sumar, Siwar, Munther) sus operaciones se concentran en la región mediterránea de Siria alrededor de Latakia , Banias y Tartous , como actividad económica el contrabando a través de los puertos de la zona; la policía siria se hace la vista gorda con los altos sobornos y las Shabbiha operan como milicias en la sombra en caso de cualquier necesidad; así las Shabiba se unieron a la Cuarta División del ejercito en los ataques contra la población civil en las ciudades de Banias , Jableh , y Latakia; ..

Acerca de rriverom
http://www.home.earthlink.net/~accioncivica/ http://twitter.com/#!/rarmuz

14 Responses to Expresa destrucción de la Capacidad Instalada de Policía (CIP)

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  3. Rafael Landaeta dice:

    Una vez más confirmamos que los gobiernos de Venezuela desde Rómulo Betancourt, le han hecho la corte al más grande criminal de humanidad, después de Hittler: Fidel Castro Rus.
    Venezuela, con la infiltración cubana actual, difícilmente saldrá de la dictadura de Hugo Chávez, que no es más que un títere manejado por régimen cubano.

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